La CIG denuncia que la jubilación parcial en la sanidad pública "todavía no es una realidad"

CIG-Saúde ha denunciado que la jubilación parcial en la sanidad pública "todavía no es una realidad" a pesar de que el Gobierno y los sindicatos CC.OO. y UGT han firmado un acuerdo "sobre una posible jubilación parcial" para el personal estatutario y funcionario que la central sindical considera "propaganda", puesto que no deja de ser "una declaración de intenciones".

Así, la CIG ha señalado que en la reunión de la Mesa General de negociación de la Administración pública del pasado 19 de diciembre, a la que asistieron representantes de CIG-Saúde, "se evidenció que este acuerdo puede quedar en papel mojado porque hay que realizar varios cambios normativos para que sea una realidad, y a día de hoy no está ni mucho menos previsto cuándo se va a realizar ninguno de ellos".

Del mismo modo, ha lamentado que el acuerdo tampoco aclara cuáles van a ser los requisitos de acceso a esta jubilación parcial, ni en qué condiciones se van a dar, ni cómo se va a incorporar la figura de la persona relevo, ni en qué ámbito o con quién se van a negociar estas condiciones.

"Ya está bien de supuestos acuerdos marco vacíos, que solo recogen intenciones y que no son negociados en los ámbitos de negociación legalmente constituidos en función de la representatividad otorgada en las elecciones sindicales, sino que son acuerdos con UGT y CC.OO., sindicatos que están dispuestos a hacer propaganda de esta política vacía que caracteriza el Gobierno español", ha reprochado.

Por todo ello, CIG-Saúde pide al Ejecutivo central que "finalice ya con la propaganda" y que "cumpla" con las personas trabajadoras de la sanidad, posibilitando "no solo la jubilación parcial, sino también la jubilación anticipada a los 60 años sin penalizaciones".

VETERINARIOS E INSPECTORES DE FARMACIA
Por otra parte, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha comunicado que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Consellería de Sanidade "por incumplimientos graves" en la normativa de prevención de riesgos laborales que afectan a los veterinarios e inspectores de farmacia en los servicios de salud pública y control de riesgos ambientales en sus trabajos de campo.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, actualmente no existen evaluaciones de riesgos para los trabajos de campo de estos colectivos, pese a que sus actividades incluyen tratar con biocidas y aerosoles; estar expuestos a posibles brotes de contaminación por legionela en torres de refrigeración; poder sufrir mareos o náuseas en las captaciones de aguas o en tomas de muestras en piscinas con determinados productos, entre otros peligros.

Además, la central sindical ha denunciado la falta de vehículos adecuados para desplazamientos por carreteras sin asfaltar o que algunos trabajadores han reportado episodios de violencia durante las inspecciones, por lo que exigen medidas preventivas y evaluaciones específicas para abordar estas situaciones.

Ante esta situación, entre las medidas propuestas ante Inspección de Trabajo, destacan la investigación del incumplimiento de la normativa por parte de la Xunta; evaluaciones específicas de riesgos físicos, ergonómicos y psicosociales, considerando el factor edad; protocolos frente a condiciones climatológicas adversas; dotación de EPIs homologados y formación sobre su uso; vehículos adecuados para las inspecciones y formación en conducción segura, incluyendo vehículos 4x4; y garantías para que los delegados de prevención puedan ejercer sus funciones.