Cuarta jornada de huelga en las residencias de ancianos de la provincia de A Coruña sin avances en el diálogo

Las empleadas, en su mayoría mujeres, denuncian que 8.000 profesionales cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) —actualmente en 1.134 euros—, pese a trabajar "día y noche, 365 días al año". Según el CIG, muchas sufren contratos parciales forzosos, turnos extenuantes y falta de medios para atender a personas dependientes. "Hablamos de condiciones propias del siglo XIX, no de 2024", criticó una portavoz durante la concentración en DomusVi Narón.

La patronal del sector, por su parte, alega que los bajos salarios responden a la infrafinanciación crónica"de las plazas concertadas por la Xunta. Fuentes empresariales insisten en que el problema debe resolverse con más fondos públicos, no con recortes en sus márgenes. Sin embargo, el sindicato rechaza este argumento: "Las multinacionales como DomusVi obtienen beneficios millonarios mientras nos explotan", señalan las trabajadoras.

La Xunta bajo fuego: ¿Privatización o eficiencia?
La Consellería de Política Social, liderada por Fabiola García, defiende su modelo de gestión mixta —público-privada— y asegura que las residencias concertadas cumplen "estándares de calidad". Desde el Gobierno gallego insisten en que la inmensa mayoría las plazas para mayores dependientes están ya financiadas, pero el CIG les acusa de "lavarse las manos". Política Social es también la responsable de fijar los servicios mínimos, que son del 100%, algo que el sindicato cree abusivo.

En los últimos días, se ha conocido que al menos 15 residencias privadas en la provincia acumulan denuncias por incumplimientos laborales, según inspecciones de Trabajo. Además, colectivos sociales exigen una auditoría pública para determinar cómo se gestionan los más de 200 millones anuales que la Xunta destina al sector.

El Convenio Colectivo, la gran batalla pendiente
El conflicto se centra en la exigencia de un Convenio Colectivo específico que equipare los derechos del sector geriátrico al de otros servicios esenciales. Mientras el CIG pide mesas de negociación "sin excusas", la patronal alega que un acuerdo provincial ahuyentaría inversiones. La Xunta, por su parte, evita mediar directamente, alegando que es un conflicto entre empresas privadas y sus asalariados.

La huelga, que ya ha provocado ajustes en turnos y servicios de emergencia en varias residencias, mantiene en vilo a miles de familias. Con un 27% de la población gallega por encima de los 65 años, el debate sobre quién y cómo cuida a los mayores está más vivo que nunca.

Próximos pasos: ¿Diálogo o escalada?
Tras cuatro días de paros, el CIG no descarta ampliar las movilizaciones si no hay avances. Mientras, la plataforma Galiza, Terra de Coidados prepara una marcha a Santiago para el 15 de junio. La presión social pone contra las cuerdas a un Gobierno gallego que, con elecciones autonómicas en el horizonte, busca evitar que la crisis salpique su imagen. El reloj corre para las trabajadoras: su lucha no es solo por salarios, sino por dignidad.