El 20% de los ancianos que entran en una residencia pierden peso

La calidad de la alimentación en residencias gallegas vuelve a estar en el centro del debate. Varias organizaciones, como la Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (ASGADeD), la Plataforma Comida Digna Xa y el Sindicato Labrego Galego, han presentado alegaciones al nuevo proyecto de real decreto promovido por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que busca mejorar la dieta en centros públicos y concertados. Denuncian que muchas residencias ofrecen menús insatisfactorios, con productos procesados, sin sabor y con escasa presencia de alimentos frescos.

Uno de los principales problemas señalados por ASGADeD es la pérdida de peso que sufren las personas mayores tras ingresar en estos centros. La asociación estima que al menos un 20 % de los usuarios acaban adelgazando de forma preocupante al poco de entrar en las residencias, lo que podría deberse, en parte, a la escasa calidad y variedad de la comida. Reclaman un seguimiento regular del estado nutricional de los residentes, además de una apuesta firme por productos de temporada y proximidad.

El portavoz de ASGADeD, Francisco Vázquez Vizoso, uno de los participantes en la rueda de prensa de ayer, critica que los alimentos “se trasladen desde 200 kilómetros”, lo que, a su juicio, responde a intereses económicos. Subraya que la salud de los mayores “debe estar por encima de la mercantilización” y defiende la elaboración de comidas en las propias cocinas de los centros, evitando los servicios de catering externalizados.

ASGADeD, a Platafoma Comida Digna Xa y el Sindicato Labrego, insisten en que hay  mala alimentación en centros y residencias públicas y piden una reforma produnda. ". A normativa actual non prioriza ademais os alimentos frescos de quilómetro cero, agroecolóxicos e do noso rural, favorecendo en cambio a grandes empresas de catering que serven alimentos ultraprocesados", argumentan. 

Las organizaciones consideran que esta situación no es neutral ni inevitable, y que la nueva normativa que se promueve a nivel estatal puede representar una oportunidad para avanzar hacia un sistema alimentario acorde con los objetivos de programas como el Pacto Verde Europeo o la estrategia «De la Granja a la Mesa» de sostenibilidad y compromiso con la salud y el medio ambiente. "Porque todas las personas deberían tener derecho a una alimentación digna", insisnten.

En Galicia, la mayoría de residencias públicas dependen de la Xunta y alimentan a sus usuarios mediante contratos con empresas externas de catering. Aunque esta fórmula busca eficiencia econoómica, ha generado un amplio rechazo entre familiares y usuarios, que critican la calidad de los menús. Una de las más criticadas ha sido la residencia de A Pontenova en Oritugiera, donde los familiares han documentado comidas “en mal estado, quemadas o de días anteriores”.

No es un caso aislado. En septiembre de 2024, una encuesta encargada por la Xunta reflejaba el malestar de los usuarios: el 45 % de las personas atendidas en residencias y centros de día se mostraban insatisfechas con la comida, y casi la mitad otorgaba las notas más bajas. Las principales quejas apuntaban al sabor, la textura y el valor nutricional de las raciones.

Uno de los episodios más graves se produjo en junio de 2021, cuando una posible intoxicación alimentaria afectó a una docena de ancianos en los centros de O Carballiño y Leiro. Cuatro de ellos necesitaron atención hospitalaria. En otro caso en Ourense, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó una sanción de la Xunta a una residencia de O Barco de 38.000 euros a una residencia ourensana por deficiencias en su servicio de alimentación. La residencia sigue en funcionamiento.  

El borrador del Real Decreto, todavía en fase de tramitación, busca establecer criterios comunes para garantizar una alimentación saludable y sostenible en todos los centros públicos que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales. La normativa propone menús adaptados a las recomendaciones de organismos como la OMS, con especial atención a la variedad, el equilibrio y la calidad nutricional.

La consulta pública sobre el proyecto se abrió el 22 de mayo de 2025 y finalizó el 21 de junio. Se recogieron aportaciones de colectivos, profesionales y usuarios con el objetivo de mejorar el texto final. El proceso legislativo continuará con la revisión del decreto, su aprobación en Consejo de Ministros y su posterior publicación en el BOE. Todavía no hay fecha para su entrada en vigor, pero el objetivo declarado del gobierno es avanzar en los próximos meses.

Uno de los pilares de esta normativa es el impulso a la producción local. La AESAN quiere que los alimentos servidos en estos centros provengan de entornos cercanos y de temporada, lo que no solo mejoraría la calidad de la dieta, sino que también apoyaría a los productores locales. Esta visión enlaza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en especial con la meta de erradicar el hambre y promover dietas saludables. 

Las principales quejas de las organizaciones de familiares de usuarios de residencias señalan  a las empresas de catering encargadas de suministrar la comida en estos centros. Los testimonios recogen raciones pequeñas, ausencia de productos frescos y preparados industriales con escaso valor nutricional. Además, denuncian que las inspecciones se avisan con antelación, lo que permite maquillar temporalmente las deficiencias.

Otro punto crítico es la falta de personal en cocinas. Se han documentado situaciones en las que un solo trabajador debe preparar la comida para decenas o incluso cientos de personas, lo que impide una atención adecuada. Esta precariedad afecta tanto a la calidad como a la seguridad alimentaria.

El trasfondo económico también pesa: más del 86 % de las residencias en España están en manos privadas, y el 92 % de las plazas son de gestión privada. Esto implica, necesariamente, que el gestor debe asegurarse de lograr más ingresos que gastos, lo que puede llevar a ahorrar en comida. 

 Para muchos, la clave está en reforzar el control público y garantizar que la salud de las personas dependientes no quede en manos del beneficio empresarial.