Fuerte división en la USC al criticar la Facultad de la Medicina el acuerdo del rector con UDC y Uvigo

El órgano colegiado de la facultad compostelana ha sido claro tras su reunión de este lunes: el documento, tal y como está redactado, no es apropiado. No se trata de una negativa ideológica, dicne, sino de una impugnación técnica y académica que pone en tela de juicio la supuesta precipitación con la que se están tomando decisiones que afectarán a las futuras generaciones de médicos en Galicia. Los docentes exigen una revisión profunda y sustancial del texto antes de plantearse cualquier tipo de apoyo, advirtiendo de que la "excepcionalidad" del modelo propuesto podría sentar un precedente peligroso que acabe por desmantelar la cohesión del sistema público universitario.

Su  preocupación principal radica en que este acuerdo parece fomentar modelos creados ad hoc, diseñados en despachos ajenos a los criterios estrictamente científicos y académicos. Según el comunicado emitido por la Junta, aceptar el plan en sus términos actuales tendría efectos regresivos para el conjunto de la universidad pública, erosionando una planificación que debería basarse en la excelencia y no en equilibrios territoriales o políticos. A pesar de la contundencia del rechazo, la facultad insiste en que su voluntad de negociar es máxima, siempre que se atiendan trece puntos críticos que consideran líneas rojas para la seguridad de la formación médica.

Dudas sobre la financiación y la calidad docente

Uno de los pilares de la crítica se centra en la falta de concreción económica y operativa. Los representantes de la facultad reclaman que se defina con exactitud qué competencias tendrá una "unidad docente descentralizada" y que estas queden siempre supeditadas a la organización de la USC. No es una cuestión menor, ya que solicitan evaluar el impacto real que esta dispersión tendrá en los ámbitos docente, asistencial e investigador. Para ello, exigen ver los números: solicitan una memoria económica detallada que incluya los costes de infraestructuras y, sobre todo, las fuentes de financiación que sostendrán el modelo a corto, medio y largo plazo, para evitar que la descentralización se convierta en una aventura sin fondos.

En paralelo a las cuestiones presupuestarias, el calendario propuesto ha encendido todas las alarmas. La idea de iniciar la docencia teórica descentralizada en el curso 2027-2028 se percibe como un error de planificación. Los expertos consideran que es totalmente prematuro comenzar en esa fecha con la docencia expositiva de quinto curso, que pertenece a un plan de estudios en extinción. Esto generaría duplicidades de materias y un caos organizativo innecesario. Como alternativa, proponen una implantación más pausada: llevar la descentralización de cuarto curso al 2029-2030 y la de quinto al 2030-2031, garantizando así que ningún estudiante actualmente matriculado se vea forzado a un traslado y evitando la colisión entre planes de estudio.

Otro punto que ha generado enorme inquietud es la composición del cuerpo docente en estas nuevas unidades.

La Facultad califica de inédito el hecho de que el 50% del profesorado que imparta clases en los centros descentralizados no tenga vinculación contractual con la USC. Esta situación, alertan, pone en serio riesgo la coherencia académica y los mecanismos de control de calidad que han prestigia a la facultad compostelana durante décadas. Por ello, exigen que la autoridad académica recaiga inequívocamente sobre la Facultad de Medicina de Santiago y que se incluya a los estudiantes en la Comisión de Seguimiento para velar por sus derechos.

El fantasma de las nuevas facultades y la pugna electoral

Detrás de los tecnicismos académicos subyace un temor político y estratégico: la fragmentación del mapa universitario. La Junta ha sido tajante al solicitar que se incluya una cláusula que impida explícitamente que estas unidades descentralizadas sean el germen de futuras solicitudes para crear nuevas facultades de Medicina en otras ciudades gallegas. La premisa es clara: Galicia no necesita más facultades, sino reforzar la estructura que ya funciona. De hecho, han pedido eliminar cualquier referencia en los anexos que sugiera nuevas propuestas de descentralización antes de que venza el convenio actual, buscando blindar la exclusividad y la eficiencia del sistema actual frente a aspiraciones localistas.

En este escenario complejo, entra en juego la política universitaria, con las elecciones al rectorado de la USC en el horizonte de 2026. Rosa Crujeiras, matemática, investigadora y candidata a rectora, ha alzado la voz para alinearse con las tesis de la facultad y cargar contra el acuerdo. En un comunicado contundente, Crujeiras califica la iniciativa de temeraria y asegura que debilita a la institución. Para la candidata, tratar de solucionar la escasez de recursos mediante la fragmentación y promesas vacías de gestión autónoma es un error que mina la competitividad de la red científica gallega, construida con esfuerzo durante años.

Crujeiras ve en este movimiento una maniobra que cede terreno a la privatización y que no se justifica ni académica ni socialmente. Critica además que se adopten compromisos de tal calado político a pocos meses de unas elecciones, cuando los órganos de gobierno actuales están a punto de cambiar. A su juicio, esta solución acelerada es una forma calculada de evitar la renuncia explicita a la implantación de nuevos grados en el Sistema Universitario de Galicia (SUG), manteniendo viva una amenaza latente. Además, lamenta que se haya tachado injustamente a la USC de centralista o egoísta, cuando lo que se defiende es un modelo de eficiencia pública.

La frustración del Rector y la cita clave del viernes

La reacción institucional no se ha hecho esperar. Antonio López, actual rector de la USC, ha roto su silencio tras conocer el posicionamiento de la Junta de Facultad. A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, ha expresado su profunda frustración por lo que considera una oportunidad perdida. López defiende que el proceso negociador ha sido largo, complejo y siempre guiado por la lealtad institucional hacia el resto de actores del sistema gallego. Asegura que mantuvo un silencio prudente para facilitar la confianza en la negociación y sostiene que el acuerdo alcanzado suponía una mejora sustancial tanto para los estudios de Medicina como para la propia universidad.

El rector, que ahora se encuentra en una posición delicada entre la presión externa de la Xunta y otras universidades y la rebelión interna de su facultad estrella, ha confirmado que trasladará el asunto al Consello de Goberno previsto para este viernes. López insiste en que su visión siempre fue "de país", intentando que la Facultad de Medicina de Santiago fuese la facultad de toda Galicia. Sin embargo, advierte con tono pesimista que el rechazo actual acerca, paradójicamente, el escenario que todos dicen querer evitar: la fragmentación definitiva de los estudios médicos en la comunidad, algo que ve cada vez más próximo si no se logra un consenso.

Por otra parte investigadora y matemática, Rosa Crujeiras, candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en 2026, también ha mostrado su rechazo al acuerdo de descentralización de Medicina, ya que considera que "debilita" a la universidad y "no resuelve los problemas de fondo".

"Destruir un modelo apelando a presuntos agravios y carencias locales, y pretender remediar la escasez de recursos sistemáticos a base de fragmentación y de promesas de eficiencia basadas en las supuestas ventajas de la gestión autónoma, es un paso decidido para debilitar la enseñanza de Medicina en Galicia y minar la competitivad de la red científica que tantos años ha llevado crear", defiende en un comunicado.
 

El desenlace de este conflicto se vivirá a finales de esta semana, cuando el máximo órgano de gobierno de la universidad deberá decidir si atiende al clamor de sus médicos y docentes o si intenta mantener vivo un acuerdo que, a día de hoy, parece herido de muerte. La comunidad educativa, los estudiantes —que ya mostraron su rechazo la semana pasada— y el sistema sanitario gallego permanecen atentos a una resolución que definirá el futuro de la medicina pública en Galicia. Lo que está en juego no es solo un plan de estudios, sino el modelo de cohesión territorial y la calidad asistencial de las próximas décadas.