Huelga indefinida en Sanidad todos los martes desde enero por el estatuto marco

Los principales sindicatos del sector sanitario han anunciado una huelga indefinida de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) a partir del próximo 27 de enero, que se repetirá cada martes de manera indefinida. La convocatoria, impulsada por las organizaciones con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), responde al rechazo del Ministerio de Sanidad a pactar un nuevo Estatuto Marco que actualice y mejore las condiciones laborales de los trabajadores.

Los representantes sindicales aseguran que el departamento de Mónica García ha mostrado una “falta total de voluntad para llegar a un acuerdo real” después de casi tres años de conversaciones. Según denuncian, el Ministerio “no tiene intención de impulsar un texto que beneficie por igual a todo el personal estatutario”, y mantiene una actitud que consideran “discriminatoria y excluyente” hacia determinados colectivos del sistema sanitario público.

Desencuentro tras tres años de negociaciones

Los sindicatos explican que la negociación del Estatuto Marco se remonta a hace casi tres años y que, pese a los múltiples encuentros y las propuestas presentadas, Sanidad ha paralizado de facto el proceso. La secretaria estatal del Sector de Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell, ha calificado la situación de “insostenible” y ha señalado que el Ministerio “ha rehusado aprobar un Estatuto Marco justo, sin privilegios y sin excepciones entre profesionales”.

La huelga, que se desarrollará todos los martes mientras no haya avances, nace con el objetivo de forzar al Gobierno a retomar las negociaciones. Las centrales sindicales subrayan que sus reivindicaciones buscan “una mejora común para todos los trabajadores del SNS”, y acusan a la ministra García de “hacer oídos sordos” a los intentos de acuerdo e ignorar las propuestas trasladadas en los últimos encuentros.

Ballell ha defendido la necesidad de movilizar al conjunto de los trabajadores sanitarios, recordando que “la unidad hace la fuerza” y que solo con una respuesta común se podrá lograr un marco legal “moderno, sólido y adaptado a las necesidades del sistema público”.

Acusaciones de negociación paralela

Uno de los puntos de mayor fricción es la supuesta negociación paralela que el Ministerio habría mantenido con otros colectivos ajenos al Ámbito de Negociación. Los sindicatos aseguran que Sanidad ha vulnerado el proceso, manteniendo reuniones con organizaciones como CESM y SMS, con las que ha seguido avanzando mientras las conversaciones oficiales permanecían estancadas.

El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Honangas, ha sido especialmente crítico y ha acusado al Ministerio de “violentar el espacio legítimo de diálogo”. En su opinión, “la negociación ha sido entorpecida y dilatada de forma intencionada, lo que demuestra que el Gobierno no tiene intención real de cerrar un acuerdo global”.

Las organizaciones sindicales recuerdan que la última reunión formal con Sanidad se celebró el 6 de noviembre, poco después de la manifestación masiva del 1 de octubre en Madrid, que reunió a más de 10.000 profesionales sanitarios ante la sede ministerial. Desde entonces, denuncian, no ha habido nuevos contactos ni se ha entregado el último borrador del texto. Según explican, el Ministerio se limitó a prometer un nuevo encuentro para abordar asuntos como la clasificación profesional y las retribuciones, que nunca llegó a convocarse.

La convocatoria marca un hecho insólito: por primera vez, las cinco grandes fuerzas sindicales del ámbito sanitario se unen para convocar una huelga indefinida conjunta. SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han lamentado que un Gobierno que se define como progresista y defensor de la sanidad pública se haya enrocado tanto hasta provocar de un frente común para unas movilizaciones de gran calibre.

Los representantes sindicales recuerdan que la ministra García no atendió las demandas de los miles de profesionales que se manifestaron en otoño exigiendo avances en el Estatuto Marco. A su juicio, el Ministerio ha optado por mantener un diálogo preferente con colectivos que representan intereses parciales, dejando de lado a las organizaciones que ostentan la representación plena de los trabajadores estatutarios del SNS.

El Ministerio sostiene que el texto está casi cerrado

Por su parte, y aunque no ha respondido oficialmente a la convocatoria de huelga, Mónica García afirmó en fechas recientes que el Estatuto Marco estaba negociado en “más del 99%”. Sin embargo, los sindicatos califican esa afirmación de “falsa y engañosa”, asegurando que “no hay nada cerrado ni acordado sobre los puntos decisivos”.

Hontangas ha reconocido que aún existe un margen para revertir la situación, y que los sindicatos han decidido esperar hasta el 27 de enero antes de iniciar las protestas, dando así una “última oportunidad al Ministerio para reaccionar”. En ese sentido, recuerdan que el Estatuto Marco no solo afecta al personal sanitario, sino que redefine derechos básicos, condiciones laborales y la estructura organizativa del personal del SNS.

Las organizaciones sindicales enumeran varios puntos irrenunciables que deben incorporarse al nuevo Estatuto Marco. Entre ellos, destacan la actualización de las retribuciones básicas, la adaptación de la clasificación profesional y la creación de una jornada laboral digna y conciliadora que permita equilibrar la vida personal y el trabajo en el sector sanitario.

Los sindicatos también reclaman que el Estatuto facilite el acceso voluntario a la jubilación anticipada y parcial, una demanda recurrente en un sistema con altos niveles de estrés y desgaste profesional. Consideran que estas medidas son “esenciales para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública” y evitar la fuga de profesionales a otros entornos laborales.

Asimismo, piden que el texto recoja un marco homogéneo para todo el Estado, evitando las desigualdades actuales entre comunidades autónomas en materia de salarios, turnos o condiciones laborales.

En su comunicado conjunto, las cinco organizaciones sindicales afirman que la movilización es “una medida extrema, pero necesaria” ante la “parálisis de un Gobierno que ha abandonado el diálogo efectivo con los representantes legítimos del personal sanitario”. Añaden que esta situación no solo perjudica a los trabajadores, sino que también pone en riesgo la calidad asistencial que recibe la ciudadanía.

Los sindicatos aseguran estar “abiertos al diálogo y deseosos de alcanzar un acuerdo antes del inicio de las movilizaciones”. Sin embargo, condicionan cualquier acercamiento a que el Ministerio reconozca el papel del Ámbito de Negociación y retome el proceso con transparencia. 

Por qué es tan importante el Estatuto Marco

El Estatuto Marco está recogido en la Ley 55/2003, que establece las bases del régimen jurídico específico del llamado personal estatutario de la sanidad pública, distinto del funcionariado general y del personal laboral. Define quién es personal estatutario, cómo se clasifica, cuáles son sus derechos, deberes, régimen disciplinario, selección, provisión de plazas, carrera profesional, movilidad o situaciones administrativas.

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Se trata, en la práctica, del gran “contrato colectivo” de referencia para médicos, enfermeras, TCAE, fisioterapeutas y el resto de categorías sanitarias y no sanitarias integradas en los servicios de salud autonómicos. Sobre esta ley básica se construyen luego las normas de cada comunidad y los acuerdos de mesa sectorial que concretan horarios, turnos, guardias, permisos, complementos y otros aspectos cotidianos de la vida profesional.

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El Estatuto Marco es clave porque fija las reglas comunes mínimas para todo el SNS, garantizando unos estándares homogéneos de derechos y obligaciones con independencia de la comunidad donde se trabaje. Entre otros elementos, marca el marco general de jornada, descansos, estabilidad en el empleo, carrera profesional, retribuciones básicas y movilidad entre servicios de salud, cuestiones que inciden directamente en la calidad del empleo y en la capacidad de retener y atraer profesionales.

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Cualquier reforma del Estatuto Marco tiene un efecto en cadena: condiciona futuras oposiciones, baremos de méritos, modelos de carrera profesional, organización de turnos y guardias, así como las posibilidades de conciliación y de jubilación anticipada o parcial. Por eso los sindicatos consideran que un mal texto podría consolidar desigualdades entre colectivos y territorios durante años, mientras que un buen acuerdo puede ser la base para mejorar plantillas y calidad asistencial en todo el país.

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Qué regula el Estado y qué las autonomías

La ley del Estatuto Marco se aprueba a nivel estatal como norma básica, al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para fijar las bases del régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas. El Ministerio de Sanidad impulsa el anteproyecto, lo negocia con los sindicatos y comunidades en el ámbito de negociación estatal y lo eleva al Gobierno y a las Cortes, que son quienes finalmente lo convierten en ley.

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Una vez fijadas esas bases, las comunidades autónomas, que tienen la competencia de gestión de la sanidad, desarrollan y aplican el Estatuto en sus propios servicios de salud. Esto incluye aprobar sus estatutos propios, acuerdos de mesa sectorial y normas de desarrollo, donde concretan plantillas, complementos retributivos, organización de turnos, calendarios laborales o sistemas de carrera y evaluación, siempre dentro del marco estatal y sin contradecirlo