FS-TES denuncia problemas laborales en Fidelis, concesionaria del 061, de los que la Xunta se distancia

El núcleo de la controversia reside en la propuesta de la concesionaria, que busca prorrogar una situación de excepcionalidad que, dice el sindicato, dura ya año y medio. Lo que inicialmente se votó en asamblea como una medida temporal de seis meses para suspender la aplicación del Convenio Colectivo en materia de descansos, amenaza con cronificarse. El nuevo acuerdo plantea un sistema de retribución denominado "premio", mediante el cual se compensaría económicamente la renuncia a esos fines de semana de libranza. Sin embargo, para los detractores del pacto, esto no es más que una mercantilización de los derechos básicos, obligando a los teleoperadores a elegir entre tener vida social y familiar o percibir un salario más abultado.

Lo que agrava la situación y ha encendido todas las alarmas es la letra pequeña de este "premio". Según advierte FS-TES, la compensación económica solo se aplicaría al personal veterano, dejando fuera a todos aquellos trabajadores con menos de cinco años de experiencia en el servicio. Este colectivo, que ya sufre unas condiciones de precariedad laboral más acuciantes, se vería obligado a ceder sus descansos sin recibir ni un euro extra a cambio. La denuncia apunta a que la empresa asigna a estos empleados horarios con muy pocas horas de trabajo para, posteriormente, ofrecerles "coberturas urgentes" precisamente en los fines de semana que deberían librar, presionándoles de facto para aceptar si quieren alcanzar un sueldo digno a fin de mes.

Galiciapress contactó con Fidelis para dar su punto de vista, sin obtener respuesta por ahora.  Este movimiento empresarial llega, paradójicamente, después de que los tribunales hayan dado la razón a la parte social. El sindicato FS-TES logró recientemente una sentencia favorable que obliga a Fidelis a restituir los fines de semana libres a los trabajadores demandantes en cuanto finalice el periodo de inaplicación actual, sin que ello suponga una alteración de su jornada mensual de 152 horas ni de su secuencia de turnos. Con el acuerdo actual a punto de caducar, la maniobra de la empresa y la CIG es interpretada por la oposición sindical como un intento de esquivar el cumplimiento de dicho fallo judicial mediante la firma de un nuevo marco regulador a la baja.

En este clima de desconfianza, se señala también una presunta irregularidad en las contrataciones de refuerzo. La denuncia pública recoge que las "coberturas urgentes" que se ofrecen a los trabajadores más novatos en sus días libres no estarían cotizando adecuadamente a la Seguridad Social, un extremo que, de confirmarse, supondría una grave vulneración de la normativa laboral. 

La Xunta se distancia del conflicto

Por su parte, la Administración autonómica ha optado por mantener un perfil bajo ante la escalada de tensión. Consultada al respecto por Galiciapress, la Xunta de Galicia ha emitido un comunicado en el que enmarca la disputa estrictamente dentro del ámbito de las relaciones privadas entre la empresa concesionaria y sus empleados. Para el Gobierno gallego, las desavenencias sobre turnos y salarios constituyen un conflicto privado en el que la administración no debe interferir, siempre y cuando se cumplan los pliegos de contratación.

A pesar de la gravedad de las denuncias sindicales, desde Sanidade insisten en enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 asegura que estas tensiones internas no afectan en "modo alguno" al funcionamiento de la Central de Coordinación. Garantizan que la gestión de las llamadas de emergencia y la movilización de recursos sanitarios siguen operando con normalidad, desvinculando la calidad asistencial de la precarización que denuncian los trabajadores que atienden el teléfono.