El Parlamento gallego reclama una nueva propuesta del Estatuto Marco que nazca del "consenso" con profesionales y CCAA

La Comisión 5ª de Sanidad, Política Social e Emprego del Parlamento de Galicia ha aprobado --con el voto a favor del PP-- una iniciativa del Grupo Popular para exigir al Gobierno central una nueva propuesta de reforma del Estatuto Marco del personal sanitario. La propuesta, que ha derivado en un cruce de reproches entre los grupos, reclama que la normativa nazca del "consenso" con los profesionales y las comunidades autónomas, advirtiendo del "fracaso" de una ley elaborada "de espaldas" al sector.

La diputada del PP María Encarnación Amigo ha defendido que, tras dos décadas de vigencia y una pandemia, el marco normativo actual está "obsoleto", pero ha censurado la gestión del Ministerio de Sanidad. Según Amigo, la "falta de diálogo real" ha provocado meses de movilizaciones y huelgas que tienen una "consecuencia directa" sobre los pacientes, traduciéndose en cirugías canceladas, consultas suspendidas y pruebas diagnósticas aplazadas.

Por ello, el PP ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a convocar a sindicatos y comunidades para elaborar una propuesta que cuente con memorias técnicas y financieras "realistas". "No es una cuestión partidista, sino de responsabilidad institucional", ha aseverado la parlamentaria popular.

Por su parte, la diputada nacionalista Montse Prado ha presentado una enmienda de sustitución --rechazada por el PP-- para que el nuevo estatuto responda a las demandas del personal. Entre sus propuestas, el Bloque destaca la necesidad de una nueva clasificación de categorías profesionales con equivalencia retributiva, la eliminación de la dedicación exclusiva remunerada y el reconocimiento de la jubilación anticipada y parcial para el sector.

Prado ha defendido que el estatuto debe blindar los derechos de los trabajadores para garantizar una asistencia de calidad, subrayando que la normativa no debe invadir las competencias ya transferidas a Galicia.

Por su parte, la diputada socialista Elena Espinosa ha salido en defensa del borrador del Gobierno central, asegurando que el nuevo texto busca poner fin a la "precariedad e inestabilidad" laboral. Espinosa ha destacado que la reforma obligará a convocar OPEs cada dos años, acabando con contratos eventuales e interinidades, entre otras.

Finalmente, Espinosa ha reprochado al PP que "no hiciese absolutamente nada" durante su Gobierno entre los años 2013 y 2018 "porque sabían que era un melón complicadísimo de abrir". "Es vergonzoso que Feijóo niegue las competencias de las comunidades tras haber sido presidente de la Xunta", ha concluido.

AUTOBÚS DIRECTO CON BUEU
La Comisión 5.ª del Parlamento de Galicia también ha debatido este jueves una iniciativa --rechazada por los votos en contra del PP-- para demandar a la Xunta la prolongación hasta el ayuntamiento de Bueu de la línea directa de autobús que actualmente conecta el Hospital de Montecelo con Marín. La propuesta, defendida por el PSdeG y apoyada por el BNG, ha contado con el rechazo del Partido Popular, que ha calificado la medida de "populista".

La diputada socialista Paloma Castro ha denunciado la "situación anómala" que vive Bueu (Pontevedra) y ha relatado las dificultades de los vecinos para acudir al hospital si no disponen de vehículo propio, viéndose obligados a realizar transbordos en Pontevedra o recurrir al taxi, una situación que considera "inasumible" para personas de avanzada edad en tratamiento.

Para el Grupo Socialista, se trata de un servicio de "primera necesidad" para garantizar el acceso sanitario. Castro ha subrayado que la ampliación es "sencilla", con un coste económico "mínimo" basado en el combustible, y que su puesta en marcha depende únicamente de la "voluntad política" para evitar que existan "ciudadanos de segunda categoría".

Por su parte, el diputado del BNG Paulo Ríos ha avanzado el voto a favor de su formación al entender la movilidad como "un derecho". Ríos ha criticado que la Xunta recurra a "excusas" sobre la eficiencia de recursos y ha recordado la "compleja realidad" de la comarca del Morrazo en términos de comunicación.

Así, ha sostenido que la ampliación no tendría un coste extra para la Administración, ya que la Xunta dispone de un 10% del total de los kilómetros del contrato de transporte para realizar refuerzos o ampliar servicios .Asimismo, Ríos ha acusado al PP de hacer una política "sectaria" y "maltratar" a los ayuntamientos donde no gobiernan.

En el turno de réplica, la diputada del PP María Dolores Hermelo ha rechazado la propuesta calificándola de "papelón" y ha instado a respetar las competencias institucionales. La representante popular ha argumentado que "no es serio" pretender que la movilidad forme parte de la cartera de servicios de la Consellería de Sanidade.

El PP ha acusado a socialistas y nacionalistas de realizar "populismo político" con la sanidad. "No es el Sergas quien planifica las rutas de transporte; pretender que la Consellería se convierta en una agencia de transportes es un disparate", ha aseverado y ha insistido en que la sanidad "no debería ser una herramienta de alarma política".

AYUDA UNIVERSAL POR CRIANZA
Por último, el Grupo Popular ha presentado una iniciativa que exige a la Xunta demandar información detallada al Gobierno central sobre la anunciada prestación universal por crianza de 200 euros mensuales por menor de 18 años.

La propuesta, que critica la "falta de rigor" del anuncio, ha provocado un cruce de reproches con el PSdeG y el BNG, que acusan a los populares de estar en contra de una medida que busca erradicar la pobreza infantil.

La diputada del PP María Dolores Hermelo ha defendido la necesidad de pedir "seriedad y planificación" ante lo que ha calificado como un "anuncio político" o "promesa de campaña" que carece, a su juicio, de calendario claro y de garantía presupuestaria. Según Hermelo, la medida está ligada a unos Presupuestos Generales del Estado "inexistentes".

Por su parte, la diputada socialista Paloma Castro ha defendido el carácter universal de la ayuda argumentando que este modelo elimina las barreras administrativas que impiden que las familias con menos recursos accedan a las prestaciones por desconocimiento o burocracia.

Con todo, la diputada del BNG Ariadna Fernández ha calificado la iniciativa del PP de "delirio" y ha acusado a los populares de estar más preocupados por evitar que los grandes patrimonios paguen más impuestos que por el bienestar de los menores.