Simega ya caliente la huelga convocada en el SERGAS del 16 al 20 de marzo por el Estatuto Marco

El Sindicato Médico de Galicia, uno de los principales representantes del colectivo facultativo en la comunidad, ha pedido a todos los médicos, especialistas y residentes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que se sumen a la segunda semana de huelga indefinida entre los días 16 y 20 de marzo. La movilización busca presionar al Ministerio de Sanidad para que impulse la creación de un estatuto específico para médicos, que reconozca su formación y responsabilidad dentro del sistema sanitario.

La protesta llega apenas un mes después de la primera convocatoria, celebrada en febrero, y mantiene el foco en la falta de avances en la negociación con el departamento que dirige Mónica García. Desde Simega acusan a la ministra de mostrar un “desprecio” hacia las reivindicaciones del colectivo y de mantener una postura “intransigente” ante unas demandas que, afirman, son de justicia.

Los médicos aseguran que su situación laboral es de agravio respecto al resto del personal sanitario, tanto en condiciones salariales como en reconocimiento profesional. Por ello exigen una negociación específica, con mesas propias a nivel autonómico y estatal que aborden sus reclamaciones de manera diferenciada.

CARGA LABORAL

El sindicato subraya que uno de los principales puntos de conflicto es la regulación de la jornada laboral. Reclaman que el horario semanal no supere las 35 horas y que las horas realizadas en exceso se remuneren a un valor superior al de la hora ordinaria, además de computar para la jubilación.

Asimismo, Simega considera urgente revisar el actual sistema de guardias, limitando las localizadas y garantizando descansos adecuados después de cada turno. Proponen sustituir el modelo basado en guardias obligatorias por otro que contemple ampliaciones de jornada de carácter voluntario y mejor remuneradas.

En Galicia, donde los problemas de sobrecarga asistencial son recurrentes, especialmente en Atención Primaria, los facultativos sostienen que sin estas reformas no se puede garantizar la calidad asistencial ni retener a los profesionales que evitan marcharse a otras comunidades o a la sanidad privada.

DEMANDAS

Simega y la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) insisten en la necesidad de un nuevo sistema de clasificación profesional que refleje el nivel formativo, la especialización y la responsabilidad de los médicos. Defienden que los titulados de nivel MECES 3 –aquellos con especialidad médica– deben ocupar un rango profesional superior, y que esta clasificación se traduzca en las retribuciones básicas.

El sindicato también pide equiparar el régimen de incompatibilidades de los médicos al del resto de empleados públicos, reconocer la medicina como una profesión de riesgo y garantizar el cobro íntegro de las pagas extraordinarias con todos sus complementos. Además, exigen eliminar la movilidad forzosa, crear un quinto grado en la carrera profesional y realizar estudios de cargas de trabajo que permitan ajustar las plantillas a las necesidades reales del sistema sanitario gallego.

Otro de los aspectos que genera mayor consenso entre el personal médico es la jubilación flexible, una medida que permitiría a los facultativos retirarse entre los 60 y los 70 años en función de sus circunstancias personales y laborales. Simega propone también la jubilación parcial para el personal estatutario y la posibilidad de acceder a la anticipada sin penalizaciones, mediante coeficientes que reconozcan la penosidad y las guardias realizadas.

SIN RESPUEST

Por el momento, el Ministerio de Sanidad no ha ofrecido una respuesta pública a las nuevas jornadas de huelga ni ha anunciado avances en la negociación del Estatuto. Los médicos advierten de que, sin un cambio en la postura del Gobierno, el conflicto podría prolongarse durante las próximas semanas y afectar a la atención en los centros del Sergas.

Desde Simega concluyen que solo con un compromiso claro para mejorar las condiciones de los facultativos será posible recuperar la calidad asistencial y frenar el deterioro del sistema público de salud que, alertan, ya está repercutiendo en pacientes y profesionales.