La construcción de una gran residencia en Ribeira no es tan buena noticia para los ancianos, según ASGADeD

La semana pasada la Xunta de Galicia anunció que la futura residencia de mayores que proyecta construir el Gobierno de Galicia en Ribeira contará, finalmente, con 120 plazas. Esto supone un incremento del 20% con respecto a las plazas inicialmente previstas en este centro, que responde a la necesidad en una comunidad tan envejecida como la gallega de contar con este tipo de infraestructuras públicas. Sin embargo, esta podría no ser una noticia tan buena como podría parecer, y así lo consideran desde la Asociación Gallega en Defensa del Sistema Público de Dependencia (ASGADeD), donde recelan de esta clase de grandes centros donde "los intereses económicos" se sobreponen sobre "la calidad de la atención a las personas usuarias". 

TITULARIDAD PÚBLICA; GESTIÓN PRIVADA

Así lo dice la experiencia de ASGADeD y el recorrido del ejecutivo autonómico, pues en los últimos años todas las residencias de titularidad pública han sido puestas a disposición de firmas privadas para su gestión mediante concurso. Esta tendencia refuerza las suspicacias de la organización, pues trasladan su "preocupación por el modelo de residencias públicas que está creando la Xunta de Galicia".

"Según la Xunta, este incremento de capacidad responde a la necesidad de dar una respuesta a la demanda de nuevas plazas residenciales de mayores por parte de las familias de Ribeira y de los municipios próximos. Sin embargo, desde ASGADeD cuestionamos este argumento", manifiesta el colectivo, donde sí reconocen el déficit de plazas en residencias públicas, en gran medida por las políticas impulsadas por la Xunta en casi dos décadas donde casi no se abrieron nuevos centros. 

"La fuerte demanda de plazas existente puede y debe atenderse mediante la creación de centros que garanticen la calidad de la atención a las personas que vivan en ellos, lo que es incompatible con la existencia de grandes instalaciones como las de la nueva residencia pública anunciada en Ribeira", lamentan desde ASGADeD, que censuran que esta clase de "macrorresidencias" no atienden a criterios de calidad asistencial, sino a un mayor "ahorro económico" y una "mayor rentabilidad económica para la empresa privada que gestionará el nuevo centro residencial", como ya aventuran atendiendo al "modelo de gestión privada" que vienen practicando desde San Caetano. 

"Para las empresas privadas que gestionan centros residenciales —muchas de ellas vinculadas a grandes fondos de inversión (fondos buitre)— un mayor tamaño de los centros facilita extraordinariamente una economía de escala que los hace más rentables económicamente, sin que la evidente contradicción entre negocio y calidad de los cuidados les quite el sueño", denuncian. 

MÁS GRANDE NO SIGNIFICA MEJOR

A renglón seguido, puntualizan que el acuerdo del 28 de junio de 2022 en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se establecía que 75 plazas era el tope de las residencias de zonas rurales o escasamente pobladas. "No podrán superar las 90 plazas cuando se encuentren situados en localidades o zonas de densidad intermedia y no superarán las 120 plazas cuando estén situados en ciudades o zonas densamente pobladas". Para ASGADeD, aunque Ribeira tenga el título de ciudad concedido por Alfonso XIII, su población, de poco más de 27.000 habitantes, la sitúa en el rango de 90 plazas en su residencia. 

La asociación reclama a la conselleira Fabiola García, natural de Ribeira, que "no utilice las necesidades de las familias del Barbanza como justificación para favorecer políticas de bajo gasto público en dependencia y de apoyo a los intereses económicos de las empresas privadas que gestionan residencias de titularidad pública". S"i el objetivo es realmente mejorar la atención a las personas mayores y dependientes, es necesario apostar por la creación de más centros de pequeño tamaño, de proximidad, y de titularidad, gestión y provisión 100% públicas", aseveran, recalcando que con esto se consigue convertir "un derecho fundamental en un negocio".

Así, la organización defiende un modelo con "centros más pequeños y estructurados en unidades de convivencia de tamaño reducido" para una mejor gestión de los cuidados, un aspecto al que la Xunta todavía no se ha adaptado ante una residencia que Rueda proyectó como "bien comunicada, próxima al núcleo urbano y con vistas al mar". 

"Desde ASGADED defendemos que la creación de centros de menor tamaño no solo mejora la calidad de la atención, sino que también favorece la proximidad, permitiendo a las personas usuarias permanecer en su entorno habitual y reduciendo el aislamiento social. Asimismo, un modelo de residencias pequeñas distribuidas por el territorio contribuye a dinamizar la economía local, fomentar el empleo de proximidad y ayudar a fijar población en zonas rurales y semirurales", añaden, considerando que las macrorresidencias "despersonalizan" la atención de los mayores, empujándolos a un ambiente menos acogedor y familiar.