El SERGAS sigue adjudicando a dedo a la sanidad privada obviando año tras año al Consello de Contas

El Consello de Contas de Galicia ha vuelto a encender la señal de alarma sobre la forma en que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) gestiona su relación con la sanidad privada concertada. En su último informe de fiscalización de la Cuenta General del Sergas correspondiente al ejercicio 2024, el organismo fiscalizador constata que el Sergas persiste en utilizar autorizaciones de uso temporal para adjudicar directamente servicios sanitarios a entidades privadas, eludiendo los principios de concurrencia, publicidad e igualdad de trato que exige la legislación de contratos públicos. No se trata de una advertencia nueva: el informe señala que este defecto ya fue identificado en ejercicios anteriores y, sin embargo, continúa sin corregirse.

La práctica cuestionada consiste en acudir a una figura jurídica —la autorización de uso temporal— que debería reservarse para situaciones excepcionales y transitorias, pero que el Sergas emplea de manera sistemática para formalizar contrataciones que, según el Consello de Contas, carecen de las notas de excepcionalidad y temporalidad que deberían justificarla. A esto se añade que, al obviar los cauces establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), estas adjudicaciones no cuentan con el preceptivo expediente de contratación, lo que deja sin rastro administrativo las decisiones de gasto.

El volumen económico en juego no es menor. En 2024, el Sergas destinó 249,5 millones de euros a la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos, un 2,9% más que en el ejercicio anterior, lo que supone el 4,5% del gasto total del organismo. Esta cifra ha crecido de forma sostenida desde 2020, cuando se situaba en 209 millones, aunque su peso relativo en el conjunto del presupuesto sanitario gallego se ha mantenido estable en ese mismo porcentaje a lo largo de los últimos cinco años.

Povisa, con el 35% del gasto concertado y un 3% de incremento en los últimos cinco años

La distribución geográfica del gasto revela una notable concentración en las provincias de A Coruña y Pontevedra, que acumulan el 81% del total. La cantidad que el SERGAS paga por el convenio a Rivera Salud, matriz de Povisa, ha crecido notablemente en los últimos años. Así, en 2019 eran 78 millones y ahora son 87,7. Por lo tanto, en cinco años ha crecido un 3%. 

Povisa atiende, aproximadamente, a 111.000 ciudadanos con tarjeta sanitaria del SERGAS. En los últimos años ha recibido críticas por la falta de médicos en algunas especialidades.

El Área Sanitaria de Vigo, que por sí sola absorbe el 45% del gasto concertado de todo el Sergas, una cifra directamente ligada al peso del concierto con el Hospital Povisa. Esta entidad privada recibió 87,7 millones de euros en 2024 —el 35% del gasto total en medios ajenos—, de los cuales 85 millones derivan del contrato para la prestación de asistencia sanitaria especializada a beneficiarios de la Seguridad Social protegidos por el Sergas.

El gasto concertado se distribuye en varias categorías presupuestarias. Los conciertos con instituciones de atención especializada son la partida más elevada, con 152,6 millones de euros, seguida por el programa especial de transporte sanitario, que alcanzó los 37 millones con un llamativo incremento del 20% respecto al año anterior. Los conciertos de hemodiálisis sumaron 29,3 millones y los de centros de diagnóstico y tratamiento, 21,6 millones. El resto de servicios de asistencia sanitaria representaron 8,9 millones adicionales.

Más allá de las autorizaciones de uso temporal, el informe del Consello de Contas detecta otra práctica preocupante: hasta el 10% del gasto total reconocido en el artículo presupuestario correspondiente a medios ajenos se tramitó a través de documentos ADOK, un soporte que podría corresponder a la figura del contrato menor o incluso a servicios que quedaron completamente fuera de cualquier marco reglamentario de contratación. 

El organismo fiscalizador advierte además de que se habría recurrido al fraccionamiento de importes para dar cobertura a estas operaciones, en lugar de tramitar el procedimiento correspondiente o modificar los contratos existentes.

Sin respuesta del Sergas

Esta fractura entre la práctica administrativa y el marco legal de contratación no es un fenómeno aislado. El Consello de Contas recuerda que la normativa aplicable a estos contratos —el artículo de la LCSP relativo a los contratos de servicios a las personas— establece con claridad las condiciones que deben cumplirse para adjudicar servicios sanitarios. La reiteración de los mismos defectos en sucesivos informes anuales sugiere que las recomendaciones del organismo fiscalizador no se han traducido en cambios efectivos en los procedimientos del Sergas.

Ya en 2022 el Consello de Contas criticabas "el uso indiscriminado" de "contratos a dedo" (adjudicaciones directas) "sin concurrencia, ni publicidad e igualdad de trato" para concertar servicios con la sanidad privada. Leído lo leído en el informe publicado ayer por Contas, no parece que en la Consellería de Sanidade le estén haciendo mucho caso al ente oficial que fiscaliza las cuentas. 

El Sergas y la Xunta de Galicia no se han pronunciado públicamente sobre las conclusiones del informe en el momento de publicación de esta información.  

El Consello de Contas, como órgano de control externo de la actividad económico-financiera de la Xunta, publica periódicamente estos informes de fiscalización con el objetivo de garantizar la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos. Sus recomendaciones, aunque no son vinculantes, tienen un valor institucional relevante y sirven de referencia para el control parlamentario de la acción del Gobierno gallego.

Se da la circunstancia de que Contas no puede imponer sanciones ni denunciar en los juzgados. Lo único que puede hacer es remitir las conclusiones a la Fiscalía -algo que nunca hace- o al Parlamento.