Los empresarios podrán acceder al historial médico de los trabajadores, advierte Sanidade Pública

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) ha emitido una contundente nota de prensa en la que rechaza el plan anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el Debate sobre Política Xeral no Parlamento Galego, para combatir el incremento de las bajas laborales en Galicia. La asociación denuncia que las medidas propuestas suponen un avance en la privatización de la sanidad pública y un ataque directo a los derechos de los trabajadores enfermos.

El plan de Rueda, anunciado el 8 de abril de 2026, busca reducir el absentismo laboral, que según la Xunta supone un coste superior a los 2.200 millones de euros anuales para la comunidad, equivalente al 3% del PIB gallego. Entre las medidas previstas figura otorgar a las Mutuas Patronales un papel más activo en la revisión de las bajas: si una mutua presenta una propuesta de alta debidamente justificada, la Inspección Sanitaria deberá ratificarla de forma obligatoria. También se contempla la creación de Unidades de Apoyo que condicionarían la actuación del personal médico de Atención Primaria, especialmente en enfermedades musculoesqueléticas y trastornos de salud mental.

La AGDSP considera que esta iniciativa sitúa un organismo privado por encima del sistema sanitario público, ya que las mutuas, que son asociaciones privadas de empresarios, impondrían sus criterios a la Inspección Sanitaria, que se vería obligada a ratificar sus decisiones. La asociación también advierte de que el plan daría acceso a las mutuas al historial médico de toda la población trabajadora, con potenciales consecuencias sobre los procesos de contratación.

Uno de los puntos más criticados por la AGDSP es el impacto del plan sobre la Atención Primaria. La organización señala que las nuevas Unidades de Apoyo centrarían su actividad en los trastornos mentales y musculoesqueléticos, precisamente las dolencias más frecuentes entre los trabajadores en baja. La paradoja, subrayan, es que los centros de salud carecen del personal de psicología clínica y fisioterapia necesario para prevenir, tratar y recuperar esas mismas patologías.

La AGDSP apunta además a las barreras de acceso a la Atención Primaria como una de las causas reales de la prolongación de las bajas: las esperas medias superan los nueve días para recibir asistencia, la sobrecarga de las consultas es crónica y la descoordinación entre niveles asistenciales agrava los procesos de recuperación. La asociación sostiene que el plan ignora estos factores estructurales y opta por una lógica punitiva que pone bajo sospecha a cualquier persona enferma que no pueda trabajar, tratándola como potencial defraudadora.

Contradiciones sobre el impacto de las bajas  

El plan de la Xunta ha generado un amplio rechazo político y sindical. El BNG, a través de su líder Ana Pontón, acusó a Rueda de criminalizar a los trabajadores y recordó que Galicia es la segunda comunidad autónoma con menos bajas laborales de España, lo que pone en cuestión la narrativa del fraude masivo.  Es un dato que contradice el esgrimido por la Xunta. La Administración Autonómica afirma que, citando, Instituto Valenciano de Investigaciones Sociológicas España empeora 4,6 veces más que el promedio de la UE y que Galicia -según un estudio de las universidades gallegas-es la segunda comunidad autónoma más afectada. 

El PSdeG, por su parte, calificó el plan de "clasista" y acusó al Goberno galego de romper el contrato social al reforzar el poder de entidades privadas financiadas por las empresas.

A nivel estatal, la ministra Yolanda Díaz advirtió de que la propuesta podría ser ilegal e inconstitucional si invade competencias del Estado o encubre una privatización encubierta de la gestión sanitaria. Como era de esperar, desde el sector empresarial, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la de A Coruña (CEC) aplaudieron la iniciativa, argumentando que el absentismo lastra la competitividad de las empresas gallegas. Los sindicatos, en cambio, denuncian que el presidente actúa en exclusivo beneficio de la patronal.

El conselleiro de Emprego matizó que el marco legal estatal vigente no permite que las mutuas emitan altas médicas, competencia que seguirá siendo exclusiva de los médicos de familia. El plan está actualmente en fase de diseño y la Xunta ha anunciado su intención de abordarlo en el marco del diálogo social con sindicatos y patronal antes de su presentación formal.

La AGDSP exige la retirada inmediata de la propuesta y reclama en su lugar medidas que potencien la Atención Primaria, mejoren la coordinación asistencial, refuercen los servicios de Salud Laboral públicos y aborden las causas estructurales del absentismo: la precariedad laboral, las malas condiciones de trabajo y la falta crónica de recursos en el sistema sanitario público gallego.

Qué son y cómo se organizan las mutuas en España

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son entidades privadas sin ánimo de lucro constituidas por empresarios y autorizadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para gestionar, por delegación del Estado, determinadas prestaciones del sistema público. Su financiación proviene íntegramente de las cotizaciones sociales que pagan las empresas asociadas, no de fondos propios. En la actualidad operan en España dieciocho mutuas, agrupadas bajo la patronal sectorial AMAT (Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo).

Su función principal es gestionar las bajas por accidente de trabajo y enfermedad profesional, así como colaborar en el seguimiento de las bajas por contingencias comunes —es decir, enfermedades o lesiones no derivadas del trabajo— cuando la empresa ha optado por asociarse a una mutua para esta cobertura. Sin embargo, la facultad de emitir o revocar una baja médica por contingencias comunes corresponde en exclusiva a los médicos de Atención Primaria del sistema público. Las mutuas pueden realizar propuestas de alta, pero —al menos hasta ahora— carecen de potestad para imponerlas. Es precisamente este reparto de competencias el que el plan de la Xunta pretende alterar.