La Xunta resuelve en plazo 120 de las 140 declaraciones ambientales de proyectos eólicos, con 77 expedientes favorables

Un total de 20 parques pierden el permiso de acceso a conexión, que deberán volver a solicitar mientras la Xunta continúa su tramitación

La Xunta ha resuelto en plazo 120 de las 140 declaraciones ambientales para proyectos eólicos, después de que el Gobierno central fijase el 25 de enero como fecha límite para estas autorizaciones. Así, 77 han sido favorables y 43 desfavorables --decaen sin opción de recurrir--.

De tal forma, un total de 20 parques --de menos de 50 megavatios-- pierden su permiso de conexión que concede Red Eléctrica al no obtener una declaración ambiental en plazo. No obstante, la Xunta subraya que continuará con su tramitación, tal y como contempla la ley autonómica de medidas fiscales y administrativas --de acompañamiento a los presupuestos--, aunque no se podrá autorizar el proyecto hasta que vuelva a obtener por parte del Gobierno el permiso de acceso.

Además, señala que entre las modificaciones introducidas figura que no se ejecutarán las garantías económicas por considerar la existencia de causas no imputables al promotor ante la imposibilidad material de cumplimiento de los plazos.

Al respecto, el Ejecutivo autonómico se queja de que el Gobierno no atendiese su solicitud y la del sector para prorrogar estos plazos, al tiempo que defiende "ofrecer seguridad jurídica a los promotores".

LA XUNTA DEFIENDE EL ESFUERZO ANTE LOS PLAZOS
La pasada semana, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó el "esfuerzo" realizado por la Xunta para cumplir los plazos "impuestos" por el Gobierno central. "Galicia es un referente en energías renovables, el 75 por ciento de la energía que se genera en la comunidad tiene origen en las fuentes renovables y queremos seguir por este camino", manifestaba. Igualmente, garantizaba "la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente" para la puesta en marcha de cualquier nuevo parque eólico.

Asimismo, Rueda criticaba los plazos fijados de forma "unilateral" por parte del Gobierno central, lo que provocó "un aumento" de los proyectos que solicitaron la declaración. La Xunta contrató 120 trabajadores para tramitar las iniciativas, al respecto de lo que agradeció un "trabajo potente y riguroso".