#Claves de la semana

Juzgan al alcalde de Cee en 2015 y a cuatro ediles por prevaricación administrativa

La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará los días 22 y 23 el juicio contra el que era alcalde de Cee en 2015 y cuatro concejales miembros de la junta de gobierno local por la contratación de una obra. Por un delito de prevaricación administrativa, y como coautores, Fiscalía pide para cada uno una pena de inhabilitación durante 12 años.

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La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará los días 22 y 23 el juicio contra el que era alcalde de Cee en 2015 y cuatro concejales miembros de la junta de gobierno local por la contratación de una obra. Por un delito de prevaricación administrativa, y como coautores, Fiscalía pide para cada uno una pena de inhabilitación durante 12 años.

En concreto, en mayo de 2015 se acordó licitar el expediente del acondicionamiento de la calle Rosalía de Castro a través de un procedimiento abierto de contratación de la Ley de Contratos del Sector Público.

Previamente, la contratación se había iniciado a través de un procedimiento negociado pero se cambió, según explica Fiscalía, por la ausencia de licitadores. "Siendo desde tal momento el acuerdo ejecutivo y firme, aunque el expediente de contratación no llegó a terminarse", añade.

Sin embargo, en junio de 2015 se produjo un cambio de corporación entrando como alcalde Ramón Vigo y los concejales que se sentarán también en el banquillo de los acusados.

"Una de las primeras medidas del nuevo alcalde fue dictar providencia por la que se dispuso que se iniciaran los trámites para seguir el expediente de contratación de la obra por el procedimiento negociado y sin publicidad", pese a los informes desfavorables, señala, de la secretaria municipal y la interventora que lo calificaron de "ilegal y arbitrario".

"A pesar de lo anterior, todos los miembros de la corporación municipal ahora acusados, siguiendo las instrucciones del alcalde, votaron a favor del acuerdo", sostiene el Ministerio Público que alude a que suponía contravenir "la legalidad administrativa" y que los acusados eran conocedores de ello.

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