El juzgado Mercantil acuerda declarar el concurso de acreedores de la pesquera viguesa Atunlo

El juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha acordado admitir a trámite la solicitud de concurso voluntario de acreedores de la pesquera Atunes y Lomos SL (Atunlo), por lo que sus facultades de administración y disposición de patrimonio quedan intervenidas.

En su auto, la magistrada señala que, tras examinar los documentos presentados, se aprecia que la empresa está en situación de insolvencia (aunque no solicita la apertura de la fase de liquidación).

Según indica en su auto, el deudor, sus administradores, apoderados y representantes "tienen el deber de comparecer ante el juzgado y la administración concursal cuantas veces sean requeridos", y advierte de que "deben colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso, poniendo a disposición de la administración del concurso los libros, documentos y registros correspondientes". Los acreedores, por su parte, deben comunicar, en el plazo de un mes, la existencia de sus créditos.

La duración del procedimiento de concurso, desde la apertura de la sección primera al cierre de la quinta, no podrá ser superior a doce meses, si bien la jueza podrá acordar una ampliación del plazo de duración del mismo si fuera necesario, en atención a la complejidad del concurso o a las circunstancias justificadas que pudieran concurrir. El auto, aunque no es firme, tiene efectos inmediatos y es ejecutivo.

Atunlo presentó la solicitud de concurso el pasado 14 de mayo, después de haber entrado en preconcurso en noviembre pasado para tratar de reestructurar su deuda (más de 100 millones de euros) y buscar la viabilidad de la compañía.

Fuentes sindicales señalaron en su momento que el problema radica en las "tensiones" existentes entre los socios de la compañía, Inpesca (40 %), Coper (40 %) y Marpesca (20 %).

En un comunicado de hace 10 días, la empresa confirmaba la solicitud del concurso voluntario y aseguraba que no tiene deudas con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social u otros organismos públicos, ni con sus trabajadores, aunque admitía que la actividad de la empresa se había visto reducida "ante el incumplimiento del compromiso de suministro del socio Inpesca".