Plataforma Pro Residencia de Becerreá recurrirá la privatización del centro y la prohibición de ir al pleno provincial

El cambio de gestión de la residencia volverá a tratarse en la sesión de este martes

La residencia de Becerreá (Lugo) vivirá este martes un nuevo capítulo de su puesta en marcha, con el debate de una moción del PP en el pleno de la Diputación en la que exige al equipo de gobierno que las plazas que se creen se rijan por el mismo criterio que el resto de centros de mayores dependientes de este organismo.

Paralelamente, el grupo municipal 'popular' ha iniciado una campaña 'puerta a puerta' de asesoramiento y recogida de alegaciones entre los vecinos para pedir "igualdad de trato" para los futuros usuarios.

En el pleno provincial del martes, y después de los últimos incidentes, no estarán presentes los vecinos de Becerreá que, sesión a sesión, reclaman primero la puesta en marcha de la residencia y ahora exigen igualdad de precios. Estos vecinos fueron desalojados en la última sesión plenaria por interrumpir y se les ha impuesto la prohibición de volver acudir a los próximos plenos, o tendrán que enfrentarse a multas.

Esta decisión ha calentado aún más los ánimos, ya que la Plataforma Pro Residencia de Becerreá ha tomado la decisión de no acudir este mes al pleno y presentar un recurso contencioso-administrativo contra la orden provincial.

Además, han asegurado que seguirán manifestándose con el mismo objetivo "en cualquier lugar al que acuda el presidente de la Diputación, José Tomé" y se han comprometido a ir a la sesión de abril. Junto a este recurso, presentarán otro contra la propia decisión de la Diputación de optar por la gestión privada del centro.

UN POCO DE HISTORIA
La polémica arrancó en 2016, cuando se aprobó la construcción de un centro residencial combinado con centro de día para la comarca, a través de la hoy extinta Suplusa. En aquel momento, el que era alcalde de Becerreá y diputado provincial Manuel Martínez, que se había declarado en rebeldía en el banco de los socialistas para mantenerse como no adscrito, logró el apoyo mayoritario del pleno de la Diputación (22 a favor y 2 abstenciones) para su construcción, después de que la Xunta no hubiese cumplido la palabra dada en 2009 de que se encargaría ella de hacerla y gestionarla.

La obra se llevó a cabo en varias anualidades, pero los años pasaron sin que el centro llegara a abrirse, un centro que cuenta con 96 plazas residenciales y 40 de centro de día, en una de las zonas más envejecidas de la provincia. Así nació la Plataforma Pro Residencia de Becerreá, que reclamaba la apertura inmediata del centro y que se fundó hace más de año y medio llevando su reivindicación por diferentes escenarios, entre ellos, el Parlamento de Galicia.

La insistencia vecinal dio sus frutos este año, cuando en febrero se aprobó la puesta en marcha de la misma, pero fuera del sistema de gestión directa de la Diputación, cediendo esa gestión a una empresa privada. En la práctica, esto implica unos costes mensuales por plaza para los usuarios mucho más elevados que el resto de residencias provinciales.

Las estimaciones hablan de que en lugar de pagar los 1.390 euros habituales, podrían llegar hasta los 2.200 al mes por estos servicios, una cantidad que consideran en la Plataforma "inasumible" para los vecinos.

APOYO DEL PP DE BECERREÁ
El Partido Popular se sumó a las reivindicaciones vecinales por el derecho "al mismo trato que en el resto de la provincia". "Es imposible de entender que pretendan que en Becerreá se paguen 810 euros más cada mes que en las residencias de Navia o Pedrafita, que están a muy pocos kilómetros", ha señalado el portavoz municipal del partido, José Fernández Carrete.

El PP ha explicado que, además de la diferencia de precio, también consideran "indispensable" que los casi 1,4 millones de euros de la baja en el coste de la obra se destinen a la equipación de la residencia, ya que "es un dinero comprometido con Becerreá y que se debe invertir en el municipio". De hecho, los vecinos son contundentes en este punto, ya que este dinero está destinado a amueblar el centro, "como estaba acordado.

LAS EXPLICACIONES DEL EQUIPO DE GOBIERNO
Por su parte, el equipo de gobierno de la Diputación defiende que la institución provincial no puede hacer frente a la gestión de este centro sin el apoyo de la Xunta. "Se trata de un modelo diferente, porque nació diferente, con una propuesta faraónica distinta del modelo básico que tenemos, y que decidieron un tránsfuga y el PP, que se empeñaron en hacer una residencia que no formaba parte del modelo, sin pensar en los vecinos y en la Diputación", ha explicado el diputado de Promoción Económica, Pablo Rivera.

Así, el gobierno provincial considera que la única alternativa que queda para un edificio de estas características es la gestión privada "o que sea la Xunta la que se ocupe de su gestión". En este sentido, el presidente de la Diputación, José Tomé, ha señalado que "el informe realizado para su puesta en marcha explica que se trata de una solución forzada por la falta de apoyo de la Xunta de Galicia, que no ha aportado ni un solo euro para la construcción o el mantenimiento de esta residencia, ni de ninguna otra de la red provincial".

Los vecinos, por su parte, han recordado que tanto Pablo Rivera como la también diputada socialista Pilar García Porto votaron a favor de su construcción en su momento, "y no tiene sentido ahora negar su apoyo".