Espazo Veciñal Ourense pide la declaración de la ciudad como zona tensionada por el precio de la vivienda

Ourense se sumará el próximo sábado 5 de abril a la movilización estatal por el derecho a la vivienda, con una manifestación que partirá a las 18:30 horas desde la sede del Instituto Galego de Vivenda e Solo, en la rúa Sáenz Díez, y concluirá en la Praza Maior con la lectura de un manifiesto.

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Ourense se sumará el próximo sábado 5 de abril a la movilización estatal por el derecho a la vivienda, con una manifestación que partirá a las 18:30 horas desde la sede del Instituto Galego de Vivenda e Solo, en la rúa Sáenz Díez, y concluirá en la Praza Maior con la lectura de un manifiesto.

Espazo Veciñal Ourense denuncia que el acceso a una vivienda digna es cada vez más difícil, mientras miles de viviendas permanecen vacías en la ciudad, favoreciendo la especulación. Además, alertan sobre el aumento descontrolado de los alquileres y el crecimiento de las viviendas de uso turístico, que han pasado de 154 en 2018 a 1.962 en la actualidad.

Entre las principales reivindicaciones de la movilización, Espazo Veciñal Ourense exige que se declare la ciudad como zona tensionada para limitar los precios del alquiler. También piden una regulación más estricta de las viviendas turísticas, al considerar que éstas contribuyen al encarecimiento del mercado del alquiler y reducen la oferta de viviendas habitacionales.

Otra de sus demandas es la ampliación del parque de vivienda pública mediante la recuperación de los inmuebles en manos de la SAREB, que fueron adquiridos con dinero público, así como la rehabilitación de edificios abandonados en el casco histórico. También reclaman la prohibición de la compra especulativa y del acaparamiento de viviendas, argumentando que el derecho a una vivienda digna debe prevalecer sobre el beneficio privado.

Por otra parte, exigen la aprobación de una ley que garantice que el alquiler no supere en ningún caso el 30 % de los ingresos de una unidad familiar. Al respecto, recuerdan que el artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a una vivienda digna y obliga a los poderes públicos a garantizarla, una obligación que, según denuncian, las instituciones no están cumpliendo.

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