El 'no' del PP y la abstención de los no adscritos frena el pago de 3 millones de facturas pendientes en Santiago

La corporación municipal de Santiago de Compostela ha desestimado la aprobación del pago de dos facturas pendientes de autobús, con la abstención de los concejales no adscritos --expulsados del PSOE-- y la negativa del Partido Popular. En total, el valor de las deudas no aprobadas asciende a casi 3.000.000 euros.

En el anterior pleno municipal, celebrado el 3 de junio y correspondiente al mes de mayo, la misma postura adoptada en ambos casos --abstención de los ediles no adscritos y 'no' de la formación popular-- ya frenó la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito relativo a la prestación de la línea 7 del bus urbano. Esta es una de las facturas cuyo pago ha quedado de nuevo suspendido en el pleno de este jueves.

A estos 402.093 euros aún en deuda con Autocares Rías Baixas, se suman otros 2.537.725, que el Ayuntamiento debe a TRALUSA, de quien depende la mayoría de las líneas de autobús urbano de la capital. Esta es la segunda factura que el pleno ha bloqueado.

Con todo, esta vez la corporación sí ha aprobado otras tres deudas pendientes por un valor de alrededor de 447.000 euros, que han contado con la abstención de los no adscritos y el PP y el voto a favor del Gobierno local (BNG y Compostela Aberta) y el PSOE.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
El PP ha acusado al Ayuntamiento de incurrir en "ilegalidad tras ilegalidad" en relación a servicios de transporte urbano. "Todos se realizan en base a encargos de continuidad, adoptados sin fiscalización previa de intervención", ha expuesto la edila popular Rosario Ferreiro.

Sin embargo, la variación de postura entre unas y otras facturas se debe a que las deudas con TRALUSA y Autocares Rías Baixas son "acuerdos de incorporación de vehículos adoptados a propuesta del director gerente de Tussa en 2022 y 2023, pero sin informe previo de ningún funcionario independiente del Ayuntamiento". Además, Ferreiro ha acusado que no se acreditó que el coste a abonar por este alquiler "se corresponda con un precio de mercado".

El portavoz de los populares, Borja Verea, ha acusado de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento "de lo que pueda ocurrir". La formación ya valora remitir la documentación correspondiente a los órganos de anticorrupción y responsabilidad contable.

Por su parte, los concejales no adscritos, que en el anterior pleno justificaron su abstención en una "falta de diálogo", han alegado esta vez que existe "ocultismo" en cuanto a la regularización del contrato del transporte urbano.

"Aquí tienen ustedes una deuda más elevada de la que podría haber al final de año, fruto de meses acumulados de impago", ha criticado el edil Gonzalo Muíños. "Emplean un mecanismo que tendría que ser una excepción, pero que es la norma de este Gobierno municipal", ha añadido.

DEFENSA DEL GOBIERNO LOCAL
El concejal de Movilidad, Convivencia y Centros Socioculturales, Xan Duro, ha defendido que los trámites correspondientes fueron iniciados "en tiempo y forma", pero que los expedientes sufrieron "atrancos" por cambios en la plantilla del Departamento de Tráfico. Asimismo, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que ha reconocido que "no es la situación ideal", ha pedido a los grupos políticos que el servicio ya prestado "se pague".

"En un momento, se tomaron decisiones por parte del Gobierno anterior al verse en una disyuntiva, que no es fácil para nadie: o dejas a la ciudad sin autobús, sin transporte colectivo o acudes a una fórmula que se buscó para este alquiler de autobuses", ha explicado la regidora. "Era la fórmula posible para no dejar, en ese caso, a la ciudad sin líneas de autobuses", ha defendido.