El secretario del Ayuntamiento de Boiro cree que a la funcionaria acusada de quedarse dinero "se le escapó de las manos"

"El sistema falla porque el informe en que se basa la fiscalización es de la propia trabajadora social", afirma

El secretario encargado del expediente disciplinario con base en el cual fue despedida la empleada pública acusada de quedarse dinero del servicio de ayuda en el hogar en Boiro (A Coruña) ha señalado que llegó un momento en que "se le estaba escapando absolutamente de las manos" su "modus operandi".

"El sistema falla porque el informe en que se basa la fiscalización es un informe de la propia trabajadora social", ha advertido, en su declaración como testigo en el juicio que se sigue en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña desde la semana pasada, con la participación de un jurado popular.

La funcionaria está acusada de apropiarse de algo más de 20.000 euros, de acuerdo con el escrito de Fiscalía, a través de prácticas como cobrar servicios que no tenían coste como el de la grúa y el alta en el sistema, o también recibiendo cantidades de usuarios que no debían abonar nada por su nivel de dependencia.

Al respecto, y ante el interrogatorio del abogado de la defensa, el secretario ha argumentado que existe la posibilidad de que se cometan "errores" en la contabilidad de cuantías que se cobran por este servicio, al disponer de un presupuesto de 1 millón de euros.

"Es una gota en el mar. Todo se descubre cuando empieza a haber discrepancias", ha resaltado, en alusión a las "pequeñas cantidades a varios usuarios" que, según la versión del secretario, la empleada pública "cobró por su cuenta y riesgo".

"PROHIBIDO" EL PAGO EN MANO
Una de las claves en la larga declaración de este testigo este martes ha sido la relativa al pago en efectivo que los usuarios aseguran que hacían, por petición de la acusada. Según varios familiares que declararon en pasadas jornadas, la empleada pública les pidió de forma explícita que hicieran los abonos en mano, en el Ayuntamiento, y "siempre" o "casi siempre" recibía ella ese dinero.

"Había una cierta costumbre donde el dinero se daba directamente a la trabajadora social. Pensemos que la relación de afectividad que se desarrolla entre los dependientes y ella, que les visitaba, les hacía seguimiento... es una relación de confianza y de dependencia muy elevada", ha expuesto el funcionario.

Sin embargo, ha apuntado que en 2011 "en Boiro se prohibió" esto y "se estableció que se tenía que hacer por transferencia bancaria". "Mediante decreto de la alcaldía", ha incidido.

En este punto, el presidente de la sección sexta de la Audiencia, Ángel Pantín, ha introducido que el tesorero habla de la existencia de "una orden verbal". El secretario, que en 2011 aún no estaba en Boiro, ha precisado entonces que por su experiencia profesional "nunca" se le ocurrió pensar "que una orden de esas no se diese por escrito, sobre todo de esa magnitud".

Fue a comienzos de 2015 cuando "se empieza a revisar" documentación de todo el ejercicio anterior (2014) y se da con las "discrepancias", que el abogado de la defensa ha tratado de desmontar mostrando documentación de la contabilidad del Ayuntamiento.

SOSPECHAS
Por su parte, el letrado de la acusación particular, que ejerce el propio Consistorio, ha puesto el foco en el expediente administrativo, si bien Ángel Pantín ha recordado que lo que se juzgan son los hechos, y no ese expediente.

"No hubo alegación ninguna. Presentó una recusación contra mí por enemistad manifiesta, que fue resuelta en su momento", ha contestado el secretario, interrogado por la colaboración de la empleada pública acusada de malversar caudales públicos durante el tiempo que duró la investigación que efectuó el Ayuntamiento.

Asimismo, ha recordado que él tuvo las primeras noticias de situaciones irregulares "en el mes de enero de 2015", cuando la interventora le preguntó: "Qué harías tú si sospechases de una posible infracción o delito con respecto a los pagos de determinados servicios?". "Le dije que yo lo que haría es ponerlo por escrito y dar traslado a la alcaldía. Y eso fue lo que hizo ella", ha llamado la atención.

"A NINGÚN ALCALDE LE CONVIENE"
En cuanto al alcalde, el secretario ha afirmado que él tampoco daba "crédito" y ha constatado que "a ningún alcalde le conviene que sucedan estas cosas en su ayuntamiento". "Esto es un marrón", ha resuelto.

La tesis de la defensa es que el despido de la empleada pública enjuiciada se debe a una reprimenda por haber denunciado ella "corruptelas".