Sumar propondrá mañana en el Congreso celebrar un referéndum para decidir si Altri puede ubicarse en Palas de Rei (Lugo)

La Comisión de Industria y Turismo del Congreso abordará este martes una iniciativa de Sumar en la que propone adoptar las medidas necesarias para que la decisión de instalar la planta de Altri en Palas de Rei (Lugo) no pueda adoptarse sin el apoyo de la ciudadanía afectada mediante un referéndum consultivo.

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Archivo - Decenas de personas tras una pancarta en una concentración contra la multinacional Altri, convocada por la plataforma Ulloa Viva, Ecologistas en Acción y Greenpeace, frente al Congreso de los Diputados, a 8 de mayo de 2025, en Madrid (España).

La Comisión de Industria y Turismo del Congreso abordará este martes una iniciativa de Sumar en la que propone adoptar las medidas necesarias para que la decisión de instalar la planta de Altri en Palas de Rei (Lugo) no pueda adoptarse sin el apoyo de la ciudadanía afectada mediante un referéndum consultivo.

Se trata de una proposición no de ley --iniciativa no legislativa-- con la que el grupo liderado por Yolanda Díaz expresa su rechazo frontal al proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) y apuesta por "garantizar la transición hacia un modelo de industrialización verde".

Del mismo modo, Sumar pide al Gobierno denegar la solicitud de concesión de 250 millones de euros de los fondos Next Generation al proyecto Altri, "por su manifiesta incompatibilidad con los criterios establecidos por la Unión Europea, especialmente por su daño medioambiental".

Por otra parte, el BNG también ha presentado otra iniciativa en el Senado sobre este mismo asunto, en la que insisten en pedir al Gobierno que se revise "con rigor" el proyecto de Altri y que se tengan en cuenta "las numerosas alegaciones presentadas por parte de distintos colectivos, organizaciones y entidades de todos los ámbitos en el proceso de Información Pública".

En el texto, el BNG también quiere que el Gobierno rechace la inclusión del proyecto Altri entre las propuestas con financiación a cargo de ayudas públicas, "por su enorme impacto ambiental, su afectación a la actividad agroganadera, a los recursos hídricos, al ecosistema del río Ulla, a la riqueza marisquera y pesquera de la Ría de Arousa y a espacios de la Red Natura, incumpliendo claramente los criterios establecidos por la Unión Europea para la promoción de la inversión sostenible y que indican que los proyectos deben contribuir a asentar economías más sostenibles y mejor preparadas para las transiciones ecológicas".

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