Prosegur, denunciada tras perder un vigilante de seguridad parte de la oreja en una agresión en el Hospital de Oza

La violencia en los centros sanitarios gallegos ha escalado un nuevo y macabro peldaño este fin de semana en A Coruña. Luis Zapata, vigilante de seguridad del Hospital de Oza, intenta recuperarse en su domicilio no solo de las heridas físicas, sino del trauma vivido el pasado sábado cuando un paciente de la unidad de Psiquiatría le arrancó parte de la oreja de un mordisco. 

El suceso ha llevado  a las centrales sindicales a exigir responsabilidades tanto a la empresa Prosegur como al Servizo Galego de Saúde (Sergas), a quienes acusan de inacción ante un escenario de riesgo que, denuncian, estaba anunciado.

El ataque se produjo alrededor de las 9:00 horas, cuando el trabajador acudió a una habitación tras ser alertado de que un paciente, que no se encontraba sedado, estaba golpeando las paredes y mostrando una actitud extremadamente hostil. Según el relato de los hechos, tras intentar contenerlo para garantizar la seguridad de la planta, el interno se revolvió violentamente, causándole al vigilante una mutilación severa en el cartílago y el lóbulo de la oreja. La víctima, pese a reconocer que físicamente se encuentra estable, admite que el impacto mental es lo más difícil de gestionar.

Lo que más indignación ha levantado entre los representantes de los trabajadores es que este estallido de violencia no fue un hecho aislado ni repentino. Diversas fuentes confirman que el mismo paciente ya había protagonizado episodios de ira el día anterior en el comedor del recinto, llegando a lanzar sillas y poniendo en peligro a otros usuarios y empleados. Para los sindicatos, esta precedencia convierte la agresión en un hecho previsible y, por tanto, evitable si se hubieran reforzado los protocolos de seguridad o la medicación del paciente tras los primeros incidentes.

Crónica de una desprotección anunciada

La reacción sindical ha sido unánime y contundente, poniendo el foco en la gestión de la prevención de riesgos laborales. Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado formalmente a Prosegur ante la Inspección de Trabajo, calificando el suceso de "agresión grave" derivada de un fallo sistémico en la evaluación del peligro en unidades sensibles como psiquiatría. Junto a la CIG, han convocado una concentración de protesta para este viernes delante de la empresa, reclamando la adopción urgente de medidas preventivas que vayan más allá de las palabras.

Por su parte, UGT y USO han elevado la mirada hacia la administración autonómica, exigiendo a la Consellería de Sanidade explicaciones por la parálisis en las negociaciones sobre seguridad. Ambas organizaciones revelaron que, el pasado mes de octubre de 2025, registraron escritos oficiales solicitando retomar el diálogo para mejorar las condiciones del servicio de vigilancia en la red del Sergas, sin obtener "avances reales" hasta la fecha. Denuncian un bloqueo administrativo que mantiene en un cajón las propuestas sobre refuerzo de personal, estabilidad laboral y reconocimiento efectivo de la peligrosidad del puesto.

El propio Luis Zapata ha puesto voz a una de las reivindicaciones históricas del sector: la carencia de herramientas defensivas adecuadas. El vigilante lamenta que, a diferencia de lo que ocurre en otros hospitales, en Oza no disponen de medios de contención a distancia, como el gas de pimienta, lo que les obliga al contacto físico directo en situaciones de alto riesgo. Esta situación de indefensión técnica deja a los profesionales expuestos a lesiones que, como en este caso, pueden tener consecuencias irreversibles, sumándose a un historial de patadas y golpes que el colectivo describe como habitual.

La respuesta institucional y la "externalización"

Desde la dirección del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), ente al que pertenece el Hospital de Oza, la respuesta ha sido la previsible, derivando gran parte de la responsabilidad hacia la gestión privada. Fuentes del centro han recalcado que el servicio de seguridad depende de una empresa externa, la cual posee sus propias reglas y normas de actuación, aunque aseguran que pedirán información a los responsables clínicos para evaluar el contexto médico del ataque. Respecto al agresor, confirmaron que recibió el alta tras ser atendido, una decisión que contrasta con la gravedad de las lesiones infligidas al trabajador.

Este enfoque de "balones fuera" ha encendido aún más los ánimos de la comisión de centro del Chuac, que este lunes exigió a la gerencia que asuma su responsabilidad directa sobre lo que ocurre dentro de sus muros. Recuerdan que la seguridad en el trabajo es un derecho fundamental y que la violencia no puede normalizarse bajo el paraguas de la subcontratación. Advierten que no es la primera vez que la sangre llega al río, rememorando que el pasado mes de febrero un enfermero fue agredido con un arma blanca, lo que evidencia un patrón de reincidencia peligrosa en la conflictividad hospitalaria.