Un pastor de Monterroso de 23 años, investigado por presuntamente matar a dos perros con una escopeta

Un joven de 23 años, vecino de Monterroso (Lugo), está siendo investigado por la Guardia Civil por un presunto delito de maltrato de animales domésticos tras abatir con una escopeta a dos perros que, según su versión, habían atacado a su ganado. El caso se enmarca en el creciente número de procedimientos por maltrato animal que se abren cada año en la provincia de Lugo.

Según explicó el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana en una zona rural del municipio lucense, cuando dos perros habrían irrumpido en un rebaño de ovejas propiedad del investigado y provocado la muerte de dos reses y heridas graves a otras once cabezas de ganado.

El dueño del rebaño habría reaccionado disparando con una escopeta, causando la muerte de los dos animales. La actuación policial se abrió tras tener conocimiento del suceso y desplazarse los agentes para esclarecer lo ocurrido.​

AUMENTO DE CASOS

Tras las primeras pesquisas, la Guardia Civil tomó declaración al joven y lo investiga como presunto autor de un delito de maltrato de animales domésticos, remitiendo las diligencias al Juzgado de Instrucción competente, que será el encargado de determinar si su actuación encaja en la legislación penal vigente. Por el momento no ha trascendido si el investigado ha aportado denuncia previa por los daños en su explotación.

Este suceso se suma a otros recientes procedimientos por maltrato animal en Galicia, como los casos instruidos en Chantada y otros puntos de la provincia lucense, que en un solo año llegaron a motivar la apertura de 18 procesos judiciales por hechos que van desde agresiones a ganado hasta el abandono y muerte de perros y gatos. Las fuerzas de seguridad y la Fiscalía subrayan que el endurecimiento del Código Penal y el aumento de denuncias han sacado a la luz conductas que antes quedaban impunes o pasaban desapercibidas.

DEBATE

Organizaciones de protección animal vienen reclamando en los últimos meses una aplicación estricta de la normativa y mayor vigilancia en el rural, especialmente en casos de uso de armas de fuego contra perros y otros animales domésticos. Los colectivos animalistas insisten en que la respuesta ante ataques a ganado debe ajustarse a la ley y priorizar medidas preventivas, como cercados adecuados, sistemas de aviso o intervención veterinaria y administrativa, antes que el sacrificio inmediato de los animales.

Por su parte, asociaciones agrarias han expresado en otros casos su preocupación por los daños que provocan ataques de perros a rebaños y explotaciones, reclamando más apoyo institucional y protocolos claros que garanticen tanto la protección del bienestar animal como la seguridad y la viabilidad económica de las granjas. 

En este caso concreto, ni las organizaciones agrarias ni las entidades de defensa de los animales han difundido, por el momento, posicionamientos públicos específicos sobre lo ocurrido en Monterroso. El procedimiento sigue su curso y será la justicia quien determine si hubo delito de maltrato animal o si concurren circunstancias que puedan atenuar la responsabilidad penal del investigado.