15 detenidos y 17 toneladas de cobre recuperado en el golpe a una banda de Portomarín

La aparente normalidad de unas obras de mantenimiento en el centro de Portomarín escondía en realidad un ambicioso plan de saqueo de la red pública de comunicaciones. La Guardia Civil ha logrado desarticular un grupo criminal especializado en el expolio de cableado, culminando una operación que se ha saldado con la detención de quince personas acusadas de sustraer material esencial para la conectividad del rural gallego.

Los arrestados actuaban con total impunidad en pleno casco urbano, camuflados bajo la apariencia de trabajadores del sector de las telecomunicaciones. Para no levantar sospechas entre los vecinos y las autoridades, los implicados utilizaban vestuario profesional, herramientas especializadas y camiones de gran tonelaje, operando como falsos operarios de mantenimiento a la luz del día.

La intervención policial se precipitó este pasado jueves por la tarde, justo en el instante en que los sospechosos se disponían a descargar el material en una vivienda alquilada que utilizaban como almacén logístico. Aunque varios de los individuos trataron de huir a pie al verse sorprendidos, la rápida reacción del dispositivo de la Guardia Civil permitió la captura de todos los integrantes presentes en el lugar.

UN BOTÍN DE DIMENSIONES EXTRAORDINARIAS

En el marco de este registro, los agentes consiguieron recuperar un cargamento que asciende a los 17.000 kilos de cobre, procedentes en su mayoría de líneas de telefonía que se encontraban en desuso. Este tipo de robos supone un grave perjuicio para las infraestructuras públicas, ya que el valor del metal en el mercado negro incentiva el desmantelamiento de redes que son vitales para la comunicación en zonas rurales de la provincia de Lugo.

Las investigaciones han revelado que el grupo no tenía su origen en Galicia, sino que se trataba de una red criminal itinerante con base de operaciones en Cataluña. Para garantizar el éxito de sus desplazamientos por la península, la banda empleaba turismos que hacían las funciones de "lanzadera", encargados de detectar controles policiales y asegurar el paso de las furgonetas cargadas con el metal robado.

Este suceso se enmarca en una preocupante tendencia de ataques contra las infraestructuras de telefonía en la España rural, un problema que los sindicatos y colectivos vecinales han denunciado repetidamente por el aislamiento que genera. Mientras la Guardia Civil mantiene la investigación abierta para esclarecer otros posibles delitos en el resto del territorio nacional, los detenidos permanecen a disposición judicial, sin que por el momento haya trascendido ninguna declaración oficial por parte de sus representantes legales.