Unos 10.000 migrantes esperan en Galicia la regularización, que arranca el lunes presencialmente con riesgo de "colapso"

Sindicatos y asociaciones del tercer sector aplauden la medida, pero critican la "improvisación" en su implantación: "express e imprecisa"

Unas 10.000 personas pueden acceder en Galicia a la regularización de migrantes aprobada por el Consejo de Ministros este martes, según estimaciones de ONG y asociaciones del tercer sector.

El Real Decreto habilita el procedimiento para que aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular y las solicitantes de protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo legal -de un año- siempre que cumplan los requisitos.

El plazo de solicitud telemática se abrió ya el jueves y este próximo lunes lo hará la vía presencial -ambos finalizan el 30 de junio-. Para utilizar este medio, será necesaria cita previa, a solicitar en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los trámites se llevarán a cabo en las oficinas de la Seguridad Social y en algunas oficinas de Correos -371 en toda España-.

Es precisamente esta última vía la que más preocupa a asociaciones del tercer sector y a sindicatos. Si bien el Gobierno apuntaba a que la idea era que la mayoría de los interesados realizasen los trámites online, las barreras de idioma y acceso digital, entre otras, les hacen pensar que el lunes puede producirse un "colapso".

Correos habilita oficinas repartidas en capitales de provincia y municipios con más de 500.000 habitantes para prestar un servicio enmarcado como 'servicio de interés económico general'. Participarán además, tal y como ha informado la empresa pública, 1.000 profesionales que han recibido un programa de formación y capacitación, "orientado a que las personas que participen cuenten con los conocimientos necesarios para realizar las gestiones".

Esta formación, explican los sindicatos CSIF Y CIG -consultados por Europa Press para este reportaje- ha sido "express" e "imprecisa", llevada a cabo "tarde, mal y arrastro".

La directriz es que los turnos sean de 20 minutos, puesto que los trabajadores son "meros tramitadores" de la solicitud. Esto, apuntan, es "cuando menos, optimista", ya que lo más previsible es que los solicitantes tengan dudas que "no se van a poder resolver".

PUNTOS DE CONGESTIÓN: A CORUÑA Y PONTEVEDRA
Ambas centrales sindicales coinciden en apuntar a Pontevedra (especialmente Vigo) y A Coruña como las ciudades con más presión y, donde además, la carga diaria ya es muy alta y las plantillas ya están diezmadas, "sin cobertura de bajas ni vacaciones". "Puede ser una brutalidad. La carga los primeros días va a ser muy fuerte", augura Alberto Hortas, responsable de CSIF para Correos.

En la ciudad herculina se han habilitado tres oficinas de Correos para los trámites (rúa Alcalde Manuel Casas, Rodrigo Alfredo de Santiago y la de la estación de tren), empatada con Santiago, con otras tres (rúa do Franco, García Prieto y Anxo Casal). Pontevedra ciudad contará con una preparada para recibir las solicitudes (rúa da Oliva), Vigo con otra (Praza de Compostela), y lo mismo ocurre con Lugo (rúa San Pedro) y Ourense (rúa Progreso).

El malestar se extiende a los trabajadores de Extranjería y Seguridad Social. Finalmente será el área de seguridad social la que reciba las solicitudes, "pese a no contar con una formación específica ni experiencia", como sí tienen los trabajadores de extranjería -que procesarán además las peticiones-.

El Gobierno anunciaba la incorporación de unos 550 profesionales extra para atender en 450 oficinas y hacer frente al proceso, casi al mismo tiempo que CCOO convocaba una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería a partir del próximo martes 21 de abril.

"Nosotros reclamamos que fuese el personal de Extranjería quien realizase las tramitaciones y que se reforzasen nuestras plantillas de forma definitiva porque, una vez transcurra el tiempo de presentación de solicitudes, serán estas oficinas las que se encarguen de culminar todo el proceso", alegan.

DUDAS CON LA DOCUMENTACIÓN
Las críticas no solo se dirigen al dónde y al cuándo, también al cómo. Foro Galego da Inmigración alerta del riesgo de abuso que puede suponer asumir que los interesados presentarán la documentación telemáticamente a través de entidades sociales o vía privada.

"Para nosotros es un problema porque puede dar lugar a abusos. Se pueden cobrar cantidades importantes por una tramitación que en el fondo es sencilla", explican.

En la misma línea se expresa el responsable de la ONG Accem en Galicia, Daniel Bóveda, que apunta también a la mayor dificultad para utilizar este sistema en las zonas rurales y a la falta de alfabetización digital de muchos de los interesados.

La propia documentación a presentar es otra de las dudas más comunes.
El Real Decreto establece dos requisitos para acceder al proceso de regularización extraordinaria: Encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud. Además, se debe acreditar que se carece de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

El Gobierno aclaró este último punto en la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Explicaban que, aunque se comprobará con un informe policial la 'no amenaza', la existencia de antecedentes no implicará automáticamente la denegación de la autorización.

El foro de inmigración remarca que los certificados de penales generan problemas porque dependen de cada país de origen de las personas extranjeras. Apuntan también que la inclusión, "en el último momento", de un informe de vulnerabilidad puede provocar dificultades. Estos son expedidos por los servicios sociales de los ayuntamientos o entidades sociales inscritas en un registro de colaboradores de extranjería puesto en marcha en marzo -"que en Galicia son bastante pocas"-.

VARIAS CCAA DEL PP RECURRIRÁN EL DECRETO: GALICIA LO ESTUDIA
Con todo y pese a la "rapidez" con la que, convienen las asociaciones, se ha puesto en marcha el proceso, coinciden en reivindicarlo como algo "necesario" y "de justicia".

Para Daniel Bóveda, es una herramienta de "cohesión social" que acaba con las "desigualdades" y que dota, no solo de derechos a los afectados, también de deberes.

"Se trata de dotar de unas condiciones dignas a personas y familias que en la actualidad viven en nuestro territorio", recalca el foro da inmigración, que señala también que es una vía para proporcionar al mercado de trabajo gallego y estatal, "un grupo de personas dispuestas a realizar trabajos que muchas veces las personas nacidas aquí no quieren hacer".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, hacía referencia a la "triple legitimidad" con la que cuenta: "social, política y económica". "Está apoyado por 900 asociaciones y cuenta con el respaldo de la Iglesia", además de un respaldo político mayoritario, señalaba.

Y es que en la esfera política, han sido muchas las voces que han criticado el decreto. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, calificó la regularización de "inhumana, insegura e insostenible", acusando al presidente, Pedro Sánchez, de regularizar migrantes "a granel, incluso con antecedentes penales o denuncias por abusos".

Varias comunidades autónomas del PP, el mismo día de la aprobación del decreto, anunciaban que lo recurrirían ante los tribunales. Concretamente, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid y Baleares -estas dos últimas pedirán al Tribunal Supremo la suspensión cautelar-.

La Xunta de Galicia, por su parte, ha confirmado que no descarta utilizar esta vía, aunque no ha concretado nada todavía. Sí alegan que el texto está "mal concebido" desde el inicio, "fuera de la vía parlamentaria y sin escuchar a las comunidades".