El BNG demanda en el Congreso la ampliación y mejora del CIS Carmen Avendaño de Vigo

El BNG ha presentado, a través de su diputado en el Congreso, Néstor Rego, una serie de iniciativas para demandar al Gobierno central la ampliación y mejora del Centro de Inserción Social (CIS) Carmen Avendaño en la Avenida de Madrid de Vigo, tras las reivindicaciones de colectivos sociales y sindicales que alertan de graves deficiencias estructurales y de falta de personal.

Según ha recordado la formación nacionalista, el CIS fue inaugurado en 2006 "con instalaciones inferiores a las necesarias para atender a la mayor ciudad de Galicia" y a su comarca, en comparación con el centro de A Coruña, y ha alertado de la falta de autonomía del centro, que depende del Centro Penitenciario de A Lama.

"Esto se traduce, además, en oficinas saturadas, despachos sin luz natural o archivos invadiendo espacios de trabajo", ha señalado el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, que ha criticado la "lógida de desequilibrio territorial y de infradotación sistemática de los servicios estatales en Galicia".

Según ha advertido el BNG, la presión y actividad del CIS ha aumentado "de forma drástica" en los últimos años, con la expansión de las penas alternativas, del control telemático y de los cambios legales. Así, sólo en enero de 2024, el número de penas de trabajo en beneficio de la comunidad fue de 471.

La saturación se incrementó desde octubre pasado, con la centralización en Vigo de los casos de toda la provincia, tras el cierre del punto de atención que había en Pontevedra.

Por otra parte, el BNG ha criticado que el Gobierno paralizase en 2012 el proyecto de ampliación, pese a estar licitado por 10,5 millones, mientras las antiguas dependencias de la prisión en Vigo, en el mismo recinto, "llevan sin uso desde hace 28 años". Al respecto, ha avanzado que hay una nueva propuesta técnica para reutilizar mil metros cuadrados y ampliar las instalaciones sin necesidad de grandes obras.

Igualmente, solicita un incremento de personal y que se garanticen programas de intervención específicos en violencia de género, seguridad vial y justicia restaurativa, al tiempo que insta al Gobierno a informar sobre el futuro de la antigua cárcel.