Guardia Civil entra en Ferraz operación judicial contra presunta financiación ilegal del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha irrumpido este miércoles, 27 de mayo, en la sede central del PSOE en la madrileña calle Ferraz en el marco de la mayor operación judicial conocida hasta la fecha contra la presunta financiación irregular del partido gobernante. El dispositivo, acordado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y respaldado por la Fiscalía Anticorrupción, se ha puesto en marcha a primera hora de la mañana y se prevé que se extienda durante toda la jornada. Agentes especializados en delitos económicos han accedido a despachos y oficinas de la sede, mientras que de forma paralela se inspeccionaban inmuebles de altos cargos del partido repartidos por toda la península.

La operación se enmarca en la causa abierta por el juez Pedraz en torno a Leire Díez, exmilitante socialista y exalta cargo en empresas públicas, investigada por el presunto amaño de contratos con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En esa misma causa figuran el empresario Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La UCO tiene además orden de inspeccionar el domicilio de Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía y mano derecha del exministro Manuel Chaves, quien tuvo a Leire Díez en nómina en su sociedad Zaño Consultora S.L.

Según fuentes próximas al caso consultadas por varios medios nacionales, los investigadores buscan documentos, archivos y materiales digitales vinculados con una presunta caja B del partido. La Guardia Civil habría hallado, tras meses de pesquisas en secreto, mensajes, comunicaciones internas y movimientos bancarios de dirigentes socialistas que apuntarían a una contabilidad paralela diseñada para eludir los controles del Tribunal de Cuentas.

Una trama con raíces en el caso Koldo

Las sospechas sobre la financiación opaca del PSOE no son nuevas. Surgieron a raíz de conversaciones intervenidas al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en las que describía cómo cobraba en billetes —a veces de 500 euros— por gastos anticipados. Las explicaciones ofrecidas posteriormente por el entonces gerente del partido, Mariano Moreno, no solo no disiparon las dudas sino que las amplificaron: reconoció que la caja fuerte de la sede se nutría de dinero trasladado periódicamente en furgones blindados y describió como "cultura organizativa" la práctica de abonar en metálico a cargos del partido sin mecanismo de verificación alguno. Esas revelaciones desencadenaron la apertura de unas diligencias secretas por parte de la Audiencia Nacional.

Al mismo tiempo, el empresario Víctor de Aldama, imputado en diversas causas relacionadas con el entorno socialista, declaró ante el Tribunal Supremo que llegó a buscar constructoras dispuestas a pagar comisiones a cambio de licitaciones para nutrir al partido. Aldama entregó además ante el tribunal un sobre procedente de Venezuela que, según él mismo sostiene, vincula a los socialistas con la entrada irregular de fondos. Por su parte, la empresaria Carmen Pano, investigada en la trama de los hidrocarburos, asegura haber entregado 90.000 euros en mano a un hombre no identificado en el interior de la propia sede de Ferraz.

De prosperar la investigación, el PSOE habría concurrido a distintos procesos electorales con un presupuesto real superior al declarado oficialmente ante los organismos de control, lo que constituiría una infracción grave de la legislación sobre financiación de partidos políticos.

No es la primera vez que la UCO entra en Ferraz

El operativo de este miércoles no es la primera irrupción de la UCO en la sede socialista. El 20 de junio de 2025, los agentes ya accedieron a Ferraz tras la imputación de Santos Cerdán por el presunto amaño de contratos de obra pública. En aquella ocasión, la actuación se circunscribió estrictamente a las pertenencias del exdirigenete y consistió en un requerimiento de información y un clonado de material informático. El dispositivo de hoy es cualitativamente distinto: afecta al conjunto del partido y contempla la posibilidad de proceder a registros completos si la formación no colabora con los agentes, según las fuentes consultadas.

La operación de la UCO coincide en el tiempo con una presión judicial creciente sobre el entorno de Pedro Sánchez. En los últimos meses, la Audiencia Nacional ha ampliado el perímetro de varias investigaciones que afectan a personas próximas al presidente del Gobierno, mientras que el Tribunal Supremo prosigue con el juicio relacionado con el caso Koldo.