Los Betas de Vigo, una de las primeras bandas latinas de Galicia, se enfrenta a la hora de la verdad en los juzgados

En España, la pertenencia a una organización criminal está penalizada como un delito grave. Según el Código Penal español, una persona que participe en una organización criminal, ya sea como miembro o colaborador, puede ser condenada a una pena de prisión de entre uno y seis años. Son penas mucho mayores a las que han caído hasta ahora contra los jóvenes supuestos líderes de Los Betas, conocidos sobre todos por sus hurtos a menores.

Cuando la prensa le pregunta a la Delegación del Gobierno sobre la actividad de bandas latinas en Galicia, la respuesta siempre es que no se han detectado, que los incidentes que a menudo llegan a los titulares pueden ser obra de jóvenes, pero que no poseen una estructura criminal jerárquica articulada que permita considerarlos un grupo organizado de delincuentes. Sin embargo, esto contradice castigos de la Justicia contra una pandilla de Vigo, Los Betas.

Cierto es que Los Betas no son los Latin Kings, ni los Tinitarios, ni Los Ñetas, ni nada parecido, al menos en calibre y peligrosidad hasta ahora. Carecen de su presencia internacional, historia y vínculos con el tráfico de droga a mediana escala. 

Se dedican al trapicheo de pequeñas cantidades de drogas -se han encontrado modestas cantidades de hachís y balanzas en los registros-  y, sobre todo, a asaltar a peatones, principalmente jóvenes, en algunos barrios de Vigo y comarca. Ahora bien, lo hacen en grupo y con un modus operandi que ya ha provocado que un juez mandara a tres miembros a prisión provisional acusados de delito de un delito grave, como es el de pertenencia a organización criminal. 

Algo que ellos niegan, argumentando que simplemente son chavales que se juntan por su origen latino -muchos tienen sus raíces en la República Dominicana- su afición al rap y sus lugar de residencias, en torno a los barrios de Fátima y Urzáiz en Vigo. 

En 2018, la Policía dijo que desarticuló la banda. De hecho, hubo unas 15 detenciones -incluidas las de 9 menores de edad- y la justicia mandó a tres supuestos cabecillas a prisión. Sin embargo, las denuncias ante la Policía por asaltos en las zonas en las que operan los Betas se han sucedido, como también los casos de menores que se han fugado de los centros de acoda.

Durante aquellas detenciones, una chica resultó herida grave al caer desde un piso, cuando intentaba escapar del registro policial en la Avenida Florida de Vigo. 

CANGAS, BAIONA Y VIGO

El juzgado de lo Penal 2 de Vigo acoge este jueves un juicio contra 4 acusados de formar parte de una organización criminal, como miembros de una banda latina denominada 'Los Betas', especializada en robos al descuido y robos con violencia que cometían, mayoritariamente sobre menores, en localidades como la propia ciudad olívica, Baiona o Cangas.

Así, la Fiscalía señala en su escrito de acusación de los procesados formaban parte de este grupo de "pandilleros", con integrantes de origen dominicano fundamentalmente, que trataban de imitar el funcionamiento y comportamiento de otras bandas latinas conocidas, como los 'Latin King', 'Ñetas' o 'Trinitarios'.

El ministerio público explica que el grupo, aunque tenía una estructura jerárquica "aún incipiente" y no practicaban ritos iniciáticos, se habían especializado en robos a jóvenes (casi todos menores) en la vía pública, a los que abordaban para quitarles los teléfonos o el dinero al descuido. Otra de las artimañas que utilizaban era provocar peleas o alborotos para, aprovechando la confusión, sustraer los teléfonos.

Los jóvenes se identificaban entre ellos como miembros de 'Los Betas', hacían ostentación en redes sociales del uso de armas y drogas, con saludos y gestos rituales, e incluso tenían un "territorio", en el barrio de Fátima, donde hacían pintadas para marcar su zona de influencia.

ANTECEDENTES

Los acusados tienen condenas anteriores por robos con violencia. Además, la Fiscalía le atribuye otro robo con violencia, y varios hurtos, cometidos en el verano de 2018 en Vigo, Baiona y Cangas.

La Fiscalía pide para ellos penas que oscilan entre el año y los dos años y medio de prisión, y multas de 450 euros. También reclama que indemnicen a las víctimas de los robos en el valor de los teléfonos y dinero sustraídos.