Este fenómeno ha afectado a cientos de miles de personas, principalmente extranjeras, que dependen de estos servicios para mantener su residencia, empleo y derechos básicos. Sindicatos como UGT han denunciado la situación, mientras la Policía Nacional ha desarticulado grupos criminales especializados en esta práctica
Además de las infracciones administrativas, que por tener un trabajador sin papeles oscilan entre 501 y 100.000 euros, los acusados se enfrentan a un proceso por lo penal -ya están en prisión preventiva- donde podrán ser condenados a entre dos años y cinco años de privación de libertad, según el artículo 312 del Código Penal.
La investigación sigue abierta y no se espera que los dos hombres comparezcan ante el juez este lunes.