Acusan al gobierno provincial coruñés de gastar más de 179.000 euros en la repoblación de granjas cinegéticas para fomentar la caza en varias zonas, pero de no destinar "ni un euro a programas específicos para mejorar los ratios de identificación animal, obligatoria en el caso de los perros, ni para prevenir contextos de maltrato".
La nueva Lei de Protección e Benestar Animal prohíbe sacrificios a los centros de acogida.