Iñigo de la Serna defiende el veto del Congreso al debate sobre el traspaso de la AP-9 a Galicia

Feijóo, Rajoy y Iñigo de la Serna, de izquierda a derecha.

Iñigo de la Serna, ministro de Fomento, ha defendido esta mañana durante una entrevista el veto por parte del Gobierno central al traspaso de la AP-9 a Galicia porque "es una autopista que es de la red estatal y el estado tiene que tener competencias". Con todo, el ministro también informó que buscará un acuerdo con el PSOE y otras formaciones políticas sobre el futuro de las autopistas en el país con ocasión del próximo vencimiento del plazo de concesión de una media docena de estas vías de pago, una medida de la que queda excluida la AP-9, con un contrato de concesión que se extiende hasta 2048.

Con un escueto "Así lo establece la ley" el ministro ha zanjado el debate de traspasar la AP-9, un tema candente en el Parlamento gallego, aunque de la Serna afirme que el gobierno mantiene las competencias "con un contacto y un diálogo permanente con el territorio". El veto afecta a la determinación que tomaron los grupos con representación en el Parlamento gallego (PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG) que aprobaron por unanimidad una proposición de ley para debatir en el Congreso la transferencia de la AP-9. Sin embargo, la Cámara Baja, que preside la diputada del PP por Pontevedra Ana Pastor, a través de la Mesa, asumió la "disconformidad" del Gobierno español y rechazó que el pleno tomase en consideración esta iniciativa.

Por otra parte, Iñido de la Serna ha apuntado a la existencia de una comisión mixta "que toma decisiones sobre la gestión" y que "ha servido por ejemplo para que se puedan asumir los gastos correspondientes a una bonificación que estaba llevando a cabo la Xunta de Galicia", por los tramos O Morrazo-Vigo y A Coruña-A Barcala. En cuanto al tramo de Redondela, el ministro también ha insistido en que es la misma comisión la que está estudiando las medidas que se puedan aplicar, después de que la propia Xunta apoyase la supresión del peaje en ese tramo, aunque advirtiendo que el gasto se compensaría en la tarifa que se paga por circular en el resto de la autopista.

"Estamos tomando decisiones en coordinación con la Xunta pero la responsabilidad es nuestra", ha ahondado en su respuesta el titular de Fomento, para a continuación referirse a que "se ha llegado a pedir la liberalización del peaje, como se pide también en otros lugares", y apuntar que esto "supone miles de millones de euros". Sobre los otros lugares a los que se refiere el ministro insiste en que a pesar de que “el puede tomar una decisión unilateral”, el titular de Fomento considera que es mejor “compartirla con otros grupos políticos" ya que es “una decisión de futuro para España y debemos abordarla entre todos”.

De la Serna enmarcó el acuerdo sobre el futuro de las autopistas de peaje en el pacto de Estado de Infraestructuras que prevé promover para determinar las líneas básicas del país en esta materia más "más allá del horizonte temporal de una Legislatura". Fomento pretende lograr este acuerdo ante el hecho de que a partir de finales de este año comenzará a concluir el periodo de concesión de varias autopistas.

La primera autopista que concluye su plazo de concesión, el próximo mes de noviembre, es la AP-1 Burgos-Armiñón, vía gestionada por el grupo Itínere. En 2019, está previsto que termine el plazo de concesión del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, y el del la AP-4 Sevilla-Cádiz, y ya en 2021 culmina la concesión del trazado que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. La concesión de todas estas vías la tiene Abertis, actualmente objeto de una 'batalla' de OPAs entre ACS y Atlantia.