Varias asociaciones critican el apoyo de la Xunta a las jornadas de la Cámara Oficial Mineira

Contaminación de los ríos por la mina de Touro. Fuente: Salvemos Cabana

Distintas asociaciones ambientales de la Costa da Morte, entre las que se encuentran Petón do Lobo, Salvemos Cabana, Cova Crea y Ouriol do Anllóns, critican el apoyo de la Xunta de Galicia a la jornada organizada por la Cámara Oficial Mineira, entidad a favor del proyecto minero de Touro y O Pino, sobre la Ley de Fomento de la implantación de iniciativas empresariales. Para la asociación Aldea Vida, la Administración gallega no puede ser “juez y parte” al colaborar con esta organización.

De acuerdo a un comunicado de Salvemos Cabana, para el conjunto de asociaciones resulta “lamentable que el Gobierno Gallego aproveche este tipo de eventos para promocionar una ley rechazada por la ciudadanía”, siendo Galicia una de las zonas con mayores desastres ambientales provocados por el sector extractivo, que ejemplifican con la cumbre del Monte Neme, el entorno de la antigua mina de Touro o la zona pizarrera de la Comarca de Valdeorras.

Recuerdan, además que se trata de lugares donde la propia Administración “ha incumplido de manera reiterada la normativa comunitaria sobre el deber de los Estados de restaurar los terrenos de las antiguas explotaciones mineras.” Teniendo en cuenta algunos de estos casos, Aldea Vida defiende que hablar en estas jornadas de “garantías para la rehabilitación de espacios mineros” es “poco menos que una quimera”.

En el caso de Touro, Aldea Viva recurre a los datos de los análisis de las aguas procedente del río Portapego y el regato de Puxeiras realizados por el Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de A Coruña, que hacen de la situación de partida en Touro una “absolutamente insostenible”. Ambos cursos fluviales presentan altos niveles de níquel, zinc, cobre, aluminio, hierro o manganesio, superando “ampliamente las recomendaciones de la OMS y los criterios sanitarios para agua potable”.

LA LEY 5/2017, “BARRA LIBRE” PARA EL SECTOR MINERO

El conjunto de entidades de defensa ambiental recuerdan que la Ley 5/2017 supone una “serie de facilidades nunca vistas para la imposición de proyectos extractivos por todo el territorio gallego”, que agiliza las tramitaciones tanto para “la implantación de las actividades mineras como para su cese y desafección del suelo ocupado”, y se refuerza la expropiación forzosa con “la utilización torticera” del concepto de "utilidad pública". Una forma de “barra libre” para el sector minero, de acuerdo a Aldea Viva.

Así, las empresas podrán incorporar a la tramitación de sus proyectos la declaración de la necesidad de ocupación de los bienes o derechos que sean indispensables para la puesta en marcha de sus iniciativas, que con carácter privado pasan a tener a efectos administrativos “un mayor valor” que los intereses de la ciudadanía, según las asociaciones de A Costa da Morte.

Además, se simplifica la convocatoria de concursos mineros para “agilizar la liberación de los terrenos afectados por derechos mineros caducados”. Por otra parte, la declaración de caducidad de un derecho minero, según explican las asociaciones, implicará la declaración del franco y la inmediata puesta a diposición de las empresas interesadas, lo que puede suponer la conversión de todo el territorio gallego en “una mina a gran escala”.