​Piden el cese de un cargo de la Xunta por ocultar información sobre la Mina de Touro

Más de 30 colectivos acusan a la Xunta de “obstaculizar el acceso a la información pública” sobre el polémico proyecto de reabrir la mina de Touro. En concreto, acusan al gobierno de ocultar los datos sobre el estado de los derechos mineros, que son la base legal por la que Atalaya Minning -a través de Cobre San Rafael- pretende activar la explotación.

Sondeos en la mina de Touro

Los denunciantes dicen que solicitaron en su momento a la Jefatura territorial de A Coruña de la Consellería de Industria el acceso a la documentación relativa a los derechos mineros de Touro, si éxito. Ante la “vulneración flagrante de sus derechos”, piden el cese jefe territorial del departamento de Minas en A Coruña, Isidoro Martínez Arca.

Hace falta recordar que un organismo dependiente de la ONU acaba de abrir expediente a España precisamente por esto, por negar el acceso a la información sobre proyectos mineros en Galicia.

COLECTIVOS DENUNCIANTES

Entre los colectivos denunciantes están la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa, la Cofradía de Pescadores San Xulián de la Illa de Arousa, la de Rianxo, a de O Grove, a de A Pobra do Caramiñal, Cambados, Vilanova de Arousa , Cabo de Cruz y cofradías de productores de mejillón como la de Cambados y el Consejo Regulador de Galicia, Adega, Petón del Lobo y la FRUGA.

Los opositores a la mina recuerdan que en la documentación pública ”no figuraba ninguna relativa a la vigencia y acreditación del estado del citado derecho minero”. 

Aseguran que la Xunta “supedita el acceso a la información de las personas legitimadas durante un plazo limitado a 15 días y de forma presencial, bajo la supervisión de de los funcionarios y condiciona el acceso al visto y bó del titular de los derechos mineros, esto es Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas” cuando la ley establece que estos datos deben ser públicos en internet.