La presidenta de la Diputación de Pontevedra vuelve a ausentarse de la comisión de presupuestos del Parlamento

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, vuelve a ausentarse de la Comisión de Orzamentos del Parlamento de Galicia a la que fue llamada para explicar las cuentas del ente provincial, como ya hizo el pasado año con críticas por lo que denunció como intento de "control de las administraciones locales".

En una carta enviada al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, que este viernes avanza 'La Voz de Galicia' y 'Faro de Vigo', Carmela Silva, explica las razones de por qué se vuelve a negar a acudir al Pazo do Hórreo, una excepción a la que había que remontarse a épocas del bipartito (en 2005), para los presupuestos de 2006, y que entonces habían protagonizado los presidentes provinciales del PP --Ourense (José Luis Baltar), Lugo (Cacharro Pardo) y Pontevedra (Rafael Louzán)--.

Sin embargo, desde 2007 (para los presupuestos de 2018), todos los presidentes provinciales sea cual fuere su color político habían acudido ininterrumpidamente a dar explicaciones sobre los presupuestos, hasta el pasado año. Esta 'tradición' se rompió en 2017 cuando Carmela Silva y el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, que sí lo hizo este año para los presupuestos de 2019, decidieron no ir a la sede del Legislativo autonómico.

Tras esta situación, el Grupo Popular incorporó en la conocida como Ley de acompañamiento a los presupuestos gallegos (aprobada en diciembre de 2017) una enmienda en la que se incluye el deber de las diputaciones provinciales de acudir a la Cámara a explicar sus cuentas. "Una enmienda totalmente incongruente, por inexistencia de conexión material entre la propuesta legislativa y el contenido", incide Carmela Silva en su carta remitida al Parlamento, con fecha del 26 de octubre, pero con registro de entrada de este viernes 2 de noviembre, según la documentación recabada por Europa Press.

Silva se apoya en la jurisprudencia del Constitucional y en el posicionamiento jurídico de los servicios del propio Parlamento para incidir en que esa enmienda debería haber sido rechazada por "no tener conexión" con el texto que se corrige.

En la misiva remitida este año, Carmela Silva señala, además, que la obligatoriedad de comparecencia debería ser, en todo caso, para los "responsables de los programas de gasto de la Comunidad Autónoma" y "no es el caso". De hecho, se refiere al informe del 17 de noviembre de 2005, cuando se habían negado a acudir los presidentes populares en época del bipartito.

NUEVA "CONFRONTACIÓN"
"La incomparecencia de un presidente de diputación provincial ante la Cámara no conlleva responsabilidad jurídica ninguna, puesto que las normas que amparan el deber de colaboración y buena fe constitucional no contemplan sanción para su incumplimiento", concluían los jurídicos aquel noviembre de 2005.

Además, la presidenta del ente provincial afea que "en lugar de buscarse el diálogo" frente a su ausencia del pasado año, lo que se hizo fue "aprobar una norma" que está cuestionada, dijo.

"Entendemos que esta norma es una nueva muestra del comportamiento del Gobierno de la Xunta en búsqueda de la confrontación", concluye la presidenta de la Diputación, quien, a la postre, añade que el presupuesto se pondrá en conocimiento de la comisión "en breve plazo".