“A un interno le sale prácticamente gratis agredir a un funcionario de prisiones por no ser Agentes de la Autoridad”

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José Manuel Piñeiro, presidente territorial de CSIF y funcionario en Teixeiro, atiende a Galicia Press para explicar cuál es la situación viven los funcionarios de prisiones ante el anuncio de que la convocatoria de huelga es ilegal y para exponer las reivindicaciones de los miembros del sector.


Prisioncarcel

Los funcionarios de prisiones reclaman mejoras laborales


Los funcionarios de prisiones viven aun a día de hoy inmersos en la incertidumbre de no saber si sus peticiones van a ser o no escuchadas. Después del éxito de las jornadas de huelga celebradas en octubre y a pesar de que Instituciones Penitenciarias declaró “ilegal” la convocatoria de nuevas jornadas, el funcionariado mantiene las presiones para reclamar no solo una subida salarial, sino mejoras en los materiales con los que trabajan, más personal en las plantillas, una mejor formación y, sobretodo, obtener la categoría de Agentes de la Autoridad, una distinción de la que no gozan y que los deja desamparados ante las muchas agresiones que sufren en su puesto de trabajo.


José Manuel Piñeiro, presidente territorial de CSIF y funcionario en Teixeiro, lamenta que las negociaciones se encuentren “totalmente paradas”, a raíz de la denuncia interpuesta por la plataforma sindical ante la Audiencia Nacional. “Teníamos una convocatoria de huelga autorizada para los días, 6, 8, 13 y 15 de noviembre que ya venían estipuladas desde los días de huelga celebrados en octubre. Contábamos con un acercamiento por parte de la Secretaría General para una reunión pero no ha sido así, por lo que la plataforma sindical en Madrid decide adoptar unas medidas más duras y dentro de la convocatoria aumenta los días a 10, 11, 12 y 13 de noviembre”, explica Piñeiro.


Sin embargo, la Seretaría General sostiene que se trata de una convocatoria de huelga ilegal, por lo que la plataforma denuncia a la Secretaría ante la Audiencia Nacional porque, tal y como explica Piñeiro, “aunque reiteran que es una huelga ilegal, ponen servicios mínimos, lo cual no tiene sentido porque ya manifestamos que desconvocamos los días 6, 8 y 15”. “Ahora estamos a la espera de una resolución”, zanja el funcionario, que confía en que la resolución se haga pública a lo largo de la semana.


Ante esta situación, Piñeiro asegura que la huelga “se va a mantener, y visto lo visto lo que tendremos es que endurecerla ante el pasotismo de la Secretaría General”. “El 25 de septiembre la propia administración ofrece 122 millones de euros en tres años para repartir entre todos los funcionarios según su categoría. Sin embargo, el día 28 la administración se desdice alegando que eso solo había sido un estudio, algo que molestó mucho a las plantillas porque al tratarse del Ministerio del Interior y después de las subidas salariales de la Policía y Guardia Civil nos sentimos muy perjudicados”, critica abiertamente el funcionario.


También muestra su descontento por las declaraciones del ministro del Interior Grande-Marlaska. “El ministro Marlaska dijo en la radio cosas que no se corresponden con la realidad, porque algunas medidas que anunció ya estaban presupuestadas por el anterior gobierno o están obligados a cumplirlas por sentencias del Tribunal Supremo, pero ellos dicen que son logros suyos cuando no es así”, le reprocha Piñeiro al ministro.

MEJORES CONDICIONES LABORALES

“La opinión pública y los medios ignoran que toda la gente a la que detienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con quien están realmente es con nosotros, no con la personas que los encerraron ahí”, sostiene Piñeiro, que es consciente de que las mejoras económicas solo se podrían dar en caso de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado, no reduce la huelga a la subida salarial, ya que reclaman entre otras cosas “que convoquen más plazas, que nos ofrezcan una mayor formación y que adapten las plantillas a la realidad de las cárceles, porque no puede ser que dos funcionarios asuman a el control de 120 internos”.


Estamos sufriendo más agresiones y cada vez más graves”, lamenta Piñeiro, que sabe que aunque eso es inevitable, si puede reducirse si los funcionarios de prisiones pasan a ser Agente de la Autoridad. “El concepto de Agente de la Autoridad lo que permite es que, en caso de recibir una agresión, como el Código Penal recoge como agravante si la agresión se comete a una Autoridad, las penas son más duras. A un interno le sale prácticamente gratis agredirnos, porque se declaran insolventes y encima, si no se considera agresión a un Agente de la Autoridad, pues la pena es mucho más suave”, se queja amargamente el funcionario de Teixeiro. Del mismo modo, se siente molesto porque el Ministerio del Interior, al que pertenece el funcionariado de presiones, pretende dotar de la categoría de Agentes de la Autoridad a la seguridad privada “mientras nosotros nos quedamos de lado”.


Además, denuncia que aunque considera beneficioso que exista la seguridad privada, lo que no quiere es que se adopte el modelo de Estados Unidos, donde existen las prisiones estatales y las prisiones privadas, “si nos empiezan a meter seguridad privada en el control de las cárceles se iría restringiendo el trabajo de los funcionarios”. “Por otro lado, nosotros tenemos una preparación, superamos unas oposiciones y unas pruebas muy duras para ser funcionarios, pero sabemos lo que son las cárceles. Es muy bonito tener un Bárcenas o un Rato, pero nos enfrentamos a asesinos y personas muy peligrosas”, comenta Piñeiro.


ADEMÁS DE FUNCIONARIOS, BOMBEROS Y SANITARIOS

“También deseamos una mejor formación, porque nos enfrentamos a situaciones en las que tenemos que actuar como bomberos si un interno incendia una celda, de sanitarios si se producen agresiones o autolesiones…hacemos muchas funciones en las que, con plantillas cada vez más reducidas, el trabajo se vuelve insostenible”, argumenta el presidente territorial de CSIF.



Otro tema delicado es todo lo referido a los materiales con los que cuentan. “Nosotros somos el patito feo del Ministerio del Interior. Mientras que al resto les mejoran el uniforme, materiales, herramientas, medios… Lo nuestro es peor en calidad y los medios son mucho más limitados”, dice Piñeiro, poniendo el ejemplo en el caso del uniforme de que “es igual para todos los funcionarios del Estado, cuando las condiciones de una cárcel de Canarias no se parecen en nada a una de Galicia“


Sobre el seguimiento en los próximos días de huelga, Piñeiro se muestra optimista. “Consideramos que van a ir a más, hasta que no mejoren la propuesta que hay. Encima ahora, que se establecen servicios mínimos ilegales cuando hemos desconvocado los días de huelga. Todo esto está animando al personal que no estaba seguro de si ir o no a la huelga, pero viendo el ninguneo que estamos sufriendo, los que dudaban seguro que se suman a las protestas”, sentencia Piñeiro.

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