Democracia deficitaria: una justicia que siembra cada vez más duda

Manoel Barbeitos
Economista


Hipotecas 1


Resulta sorprendente la facilidad con que muchos sectores de izquierdas olvidan la relevancia de la lucha de clases en las decisiones políticas. Como olvidan que en España el poder de las élites económicas y financieras es enorme, sin paragón prácticamente en toda Europa occidental, condicionando en todo momento las decisiones políticas que terminan siempre, o casi siempre, favoreciendo a estas élites. Un poder tan grande que determina y limita el carácter de nuestra democracia pues, por caso, domina todos los aparatos del estado.


Así ya sabíamos de la gran amistad que existe entre importantes sectores de la judicatura española y las élites económicas y financieras (aun está fresco en la memoria el famoso “caso Botín”). Ya lo me lo sabía. Sin embargo esto no impide que nos sigamos sorprendiendo sobre el grado de osmosis que puede llegar a darse entre ambos poderes, de modo que adopta formas que se asemejan a un autentico contubernio –el último caso conocido es el del juez Díez Picazo, presidente del Contencioso-Administrativo del Supremo quién fue precisamente el que decidió que se había revisado la decisión sobre las hipotecas-. Una complicidad que pone en evidencia como en España no se cumple aquello de que “los españoles son iguales delante de la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” ( Art. 14, Constitución española).


Una realidad que pudimos comprobar estos días, en el llamado “Impuesto sobre las hipotecas”, cuando contra toda lógica democrática, la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo decidía, en una primera vez, suspender la sentencia que obligaba a las entidades bancarias asumir el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) –un impuesto que las entidades bancarias venían cargando sobre los ciudadanos-. Suspensión, que en una segunda vez, sería ratificada “en un pleno de la Sala tercera que volvía la revocar la jurisprudencia anterior para volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del IAJD en los préstamos hipotecarios es el prestatario”. En definitiva, serán las familias hipotecadas, y no los bancos, las que tendrán que seguir pagando tal tributo.


Una decisión del Tribunal Supremo que, sintomáticamente, venía a continuación de que los directivos de la gran banca española, y sus altavoces que son mayoría, hubieran salido en tropel en contra de la decisión del fallo judicial inicial que hacía responsables a los bancos del pagado de tal impuesto. Una decisión tan escandalosa que la organización ‘Jueces para la Democracia’ llegaba a calificar cómo intolerable que el Tribunal Supremo revisara tal sentencia sobre el impuesto de las hipotecas: “no se puede imponer a la lógica de los comprados la lógica del derecho”. Una decisión que, como muy bien denunció Podemos/ Izquierda Unida, va a beneficiar a las entidades financieras en perjuicio de unos ciudadanos obligados así a pagar los impuestos de los bancos: en Galicia más de 63.000 familias. Una decisión final que, según todos los expertos, deja una muy mala imagen sobre el funcionamiento de la justicia en España porque, como muy bien dijo la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, “sí los tribunales son débiles con los fuertes, pierde la democracia”.


Desgraciadamente el Tribunal Supremo aparece demasiadas veces envuelto en polémicas que deterioran la imagen del que había debido ser un soporte central de la justicia española. Polémicas que, por caso, afectan a los sistemas de promoción de jueces a ese tribunal que con frecuencia vulneran el ordenamiento jurídico básico del estado de derecho español y responden a un criterio claramente político -como fue el muy criticado ascenso del famoso juez Pablo Llanera conocido por su actuación partidista en la causa contra los políticos catalanes independentistas-. Sistemas facilitados por la decisiva influencia que tienen los grandes partidos (PP, PSOE) en el acceso de los magistrados, por caso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el actual presidente Carlos Lesmes salió elegido luego de un pacto entre el PP y el PSOE-. Sistemas que ayudan a entender la naturaleza de muchas de las decisiones del Tribunal Supremo como esta última sobre el impuesto sobre las hipotecas donde, una vez más, se ponen en cuestión, y legítimamente, la independencia del sistema judicial español frente a la gran banca.


Sí la decisión del Tribunal Supremo sobre las hipotecas siembra serias dudas sobre esta relevante institución del sistema judicial español y, por tanto, de la democracia española ¿Qué pensar cuándo uno conoce la desmesura de las penas solicitadas para los políticos independentistas catalanes que son considerados prácticamente como terroristas? Días atrás me los conocía, por los medios de comunicación que el Tribunal Supremo, dictaba el auto de apertura del juicio oral contra los políticos catalanes. Un auto que suponía que se abría el plazo para que la Fiscalía, y el resto de las partes acusantes, para presentar sus escritos de acusaciones. Plazo en el que la Fiscalía acusaba a los líderes independentistas catalanes, nada más y nada menos, que de un delito de rebelión y pedía para ellos penas de prisión entre 15 y 25 años. ¡Una auténtica desmesura! Un criterio que, sin embargo, no comparte la Abogacía del estado que bajo la acusación de sedición y malversación de fondos reclama penas menores para los líderes independentistas. De nuevo las sospechas sobre la independencia de la justicia española y su carácter democrático saltan, con toda lógica, a un primer plano.


Resulta indiscutible, desde el punto de vista democrático, que los políticos independentistas catalanes cometieron una serie nada desdeñable de errores y tropelías antidemocráticas. Desde la chapuza del llamado “process” hasta la irresponsable declaración unilateral de independencia. También son culpables tanto de haber despreciado al 50% de la población catalana que no apoya sus reivindicaciones, como de ignorar la fuerza real del estado español. Personalmente siento un gran rechazo por aquellos dirigentes políticos que arrastran a sus pueblos a una derrota segura, como era previsible que sucediera en este caso. Nadie puede discutir el derecho de cualquier partido o entidad asociativa a reclamar la independencia, pero en este caso sí son más que discutibles, desde cualquier perspectiva democrática, las formas y modos utilizados por los dirigentes independentistas catalanes. Como resulta discutible, diría que inaceptable, la desmesurada reacción del sistema judicial español, que provoca escándalo en toda Europa, y vuelve a poner en evidencia que estamos delante de una justicia muy politizada en la que el ideario conservador y centralista, en línea con los partidos de la derecha española (PP y Cs), condiciona totalmente sus decisiones. Algo muy grave en una democracia como la española que se quiere legitimar en Europa.


Estos dos casos, podrían añadirse muchos más, son paradigmáticos del estado en el que se encuentra la justicia española gobernada por unos poderes en los que los intereses de clase y nacional priman por encima de los intereses generales que había debido defender una justicia que “emana del pueblo” ( Art. 117.1. Constitución española). Un estado judicial que justifica que se califique como muy deficitaria la democracia española. Un estado judicial que explica porque la justicia europea no para de tirarle de las orejas: una última evidencia venimos de tenerla estos días cuando, nada más y nada menos, el Tribunal de Estrasburgo (TEDH) sentenciaba que el líder independentista vasco Otegui, no tuvo en su día un juicio justo en el caso Bateragune. Segundo dicho tribunal hubo violación de derechos reconocidos en la Convención Europea de Derechos Humanos.


¡Qué bochorno!

Sin comentarios

Escribe tu comentario




No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Más opinión
Opinadores

Pressdigital
Plaza de Quintana ,3 15704 Santiago de Compostela
Tlf (34)678803735

redaccion@galiciapress.es o direccion@galiciapress.es
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR POMBA PRESS,S.L.
Aviso legal Cookies Consejo editorial
Powered by Bigpress