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La industria electrointensiva acude esta semana a la subasta de interrumpibilidad a pujar por 2.600 MW

Los grandes consumidores de electricidad acuden esta semana a la subasta de un total de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para el primer semestre del próximo año, con el futuro de las plantas de Alcoa en A Coruña (Galicia) y Avilés (Asturias) en el aire.

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Movilización de trabajadores de Alcoa este sábado en A Coruña

Los grandes consumidores de electricidad acuden esta semana a la subasta de un total de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible para el primer semestre del próximo año, con el futuro de las plantas de Alcoa en A Coruña (Galicia) y Avilés (Asturias) en el aire.

La industria electrointensiva se jugará estos 2.600 MW en la subasta que se llevará a cabo en diferentes lotes entre los días 10 y 14 de diciembre.

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro de una determinada zona que podría afectar a todo el país.

En esta ocasión, se subastarán menos bloques de 40 MW, tras establecerse un número de entre 16 y 24, y se aumentan los más pequeños de 5 MW, con una horquilla de entre 328 y 392.

En la última subasta, celebrada a finales del pasado mes de mayo, correspondiente al segundo semestre de 2018, se asignaron, a través de Red Eléctrica de España (REE), la totalidad de los 2.600 MW que se subastaron en 25 bloques de 40 MW y 320 bloques de 5 MW.

En esa subasta, en la que participaron 123 consumidores, el precio medio de asignación fue de 174.174 euros por cada megavatio y año para los bloques de 40 MW, mientras que se situó en 63.168 euros/MW y año para los de 5 MW.

Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía fueron de 200.000 euros/MW y año para los productos de 40 MW y de 150.000 euros/MW y año para los de 5 MW. La media ponderada de asignación se situó en 105.863 euros/MW y año.

En aquella ocasión, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ya consideró que los resultados fueron "un nuevo jarro de agua fría" para las industrias electrointensivas, con un "drástico recorte" en la retribución por este servicio de 209 millones de euros, un 40% menos que en 2017.

El precio de la energía para las empresas electrointensivas se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza para el Gobierno en los últimos tiempos, que ha visto como empresas como Alcoa o Cemex lo han incluido entre los argumentos para justificar sus decisiones de cierre de plantas.

BATERÍA DE MEDIDAS PARA LAS EMPRESAS ELECTROINTENSIVAS.
En este sentido, este viernes el Gobierno aprobó una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del coste de la electricidad, entre las que se encuentran la creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo y la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.

El objetivo del Ejecutivo es conseguir una disminución de los costes energéticos para los consumidores electrointensivos, que podrán participar de redes cerradas de distribución y dispondrán de un estatuto que los caracterice y recoja sus derechos y obligaciones en relación a su participación el sistema y los mercados de electricidad.

DESBLOQUEO DE LAS AYUDAS DE COMPENSACIÓN DE COSTES DE CO2.
Además, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció que antes de que finalice el año se procederá al pago de las ayudas de compensación de costes de CO2, una de las peticiones de la industria electrointensiva.

De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos General del Estado (PGE) para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2).

No obstante, Maroto indicó que estas ayudas para las empresas industriales, así como otras que reciban, estarán condicionadas a la obligación de que mantengan el empleo y su actividad productiva.

En concreto, el Gobierno quiere incorporar a las empresas beneficiarias de este tipo de ayudas la obligación de mantener su actividad productiva por un periodo de tres años, así como un nivel de plantilla del 85%.

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