Golpe para las "low cost" de la Seguridad Privada en el Parlamento de Galicia

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Pequeña victoria para los que luchan contra las empresas de seguridad privada que trabajan fuera de convenio logrando así arrasar en las contrataciones públicas


El Parlamento gallego ha paralizado el concurso para la seguridad privada de esta institución con el fin de sacar un nuevo pliegue que adapte criterios a la nueva ley de contratación de 2017, de forma que el peso de la oferta económica y de los elementos técnicos a valorar sea más parejo.



Dono Alcor Seguridad

El dueño de Alcor, una de las empresas que trabaja con convenio propio


REUNIÓN EN EL PARLAMENTO

En un comunicado, UGT explica que este viernes los responsables de Seguridad de FeSMC-UGT Galicia, Chus Álvarez, y de contratación pública de esta federación, Enrique Llames, han mantenido un encuentro con miembros de contratación de la Cámara, que han trasladado el compromiso de paralizar el concurso para su remodelación.


El sindicato apunta que impugnó los pliegos del concurso al encontrar condiciones que no se adaptan a la reciente ley de contratación pública.


Por su parte, fuentes parlamentarias, consultadas por Europa Press, explican que en la ley de contratación hay dos preceptos que pueden dar lugar a distintas interpretaciones en relación con las ofertas en este tipo de servicio. Así, en un principio se preparó un pliegue en el que se optó por dar una puntuación del 90 por ciento a la oferta económica y de un 10 por ciento a la técnica, en busca de la "más barata".


La cuestión es que tras salir la licitación, la Cámara gallega observó que existían resoluciones de juntas consultivas de contratación de otras comunidades que se inclinaban por aplicar el 51 por ciento como máximo para la oferta económica. Asimismo, empresarios del sector y organizaciones sindicales enviaron observaciones por correo por este hecho.


Por todo ello, los letrados propusieron a la Mesa del Parlamento la pasada semana desistir de este procedimiento y sacar un nuevo pliegue la semana que viene con el fin de valorar más la calidad de la oferta en vez del precio. "Y no hay problema porque está el servicio cubierto y solo supondrá un retraso de unos 15 días", agregan estas fuentes.


Tras "repensar" el concurso, se sacará una nueva licitación con la inclusión de estos cambios para que sea "más ajustado a la interpretación que la mayoría de las juntas consultivas le dan". Según señalan estas mismas fuentes parlamentarias, a posteriori se constató que había un par de recursos de sindicatos, pero remarcan que esos cambios no se deben a ellos, sino que ya estaban previstos.

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