"Se abre una puerta de esperanza" a sacar a Ence de la Ría de Pontevedra

Tanto los ecologistas como el ayuntamiento de Pontevedra aplauden el dictamen de la Administración Central, que no gusta ni a Feijjóo, ni al PP de Pontevedra ni a Ciudadanos. El Ministerio de Transición Ecológica incide en que la prórroga del Gobierno del PP "incurre en distintos vicios de incorrección legal".

El gobierno municipal de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) y Greenpeace han valorado como una "buena noticia" que el Estado haya desistido de defender la prórroga de la concesión de Ence --otorgada en enero de 2016 por el ejecutivo en funciones presidido por Mariano Rajoy-- en los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional impulsados por estas tres entidades.

Una pasada movilización contra ENCE

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pontevedra, Carme da Silva, considera que "se abre una puerta de esperanza a que esa prórroga de 60 años no se efectivice y que Ence se vaya de su actual ubicación y se pueda recuperar la ría".

Destaca que esta decisión del Gobierno llegue "cuando parecía que ya no había partido" y "Ence creía que tenía todo atado y bien atado", como a su juicio demuestran "las campañas enormemente agresivas" que tiene la pastera en los medios.

Da Silva ha comparecido este jueves en rueda de prensa para valorar esta decisión que, según entiende, deja "vía libre" en los tres procedimientos que actualmente se siguen en la Audiencia Nacional por esta prórroga que considera "irregular" y que "no es conforme a Derecho". "En el futuro ya se verá lo que pasa", ha comentado la portavoz municipal.

El gobierno local del BNG siempre han sostenido que utilizaría "todos los medios administrativos, jurídicos, políticos y sociales" para conseguir el objetivo de que "Ence desaparezca de su ubicación en la ría de Pontevedra" y poder recuperar este entorno natural.

Carme da Silva ha expresado una "satisfacción moderada" y ha felicitado a los servicios jurídicos municipales por su trabajo "intenso y constante" materializado en los recursos "de una complejidad enorme" en los distintos "frentes jurídicos" que tienen planteados en los tribunales.

LA ABOGACÍA DEL ESTADO LES DA LA RAZÓN
En este caso, el Ayuntamiento solicita la declaración la nulidad de la resolución emitida el 20 de enero de 2016 por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que otorgó a Ence la prórroga para mantener su actividad en Lourizán.

Dos de los razonamientos que el Ayuntamiento alega como causa de impugnación son el tiempo de la prórroga y la ubicación de la pastera. En el primer caso, argumenta la administración local que el plazo máximo de concesión en dominio público marítimo terrestre es de 75 años desde el inicio de la concesión en el año 1958, "por lo que nunca podría ir más allá del 2033", explica la edil. Es decir, la prórroga debería ser de 20 años por lo que la que se aprobó de 60 años "supera con creces el período máximo".

Otra cuestión alegada por el Ayuntamiento es que "no se justifica" en la orden ministerial recurrida "la necesidad de que esa actividad permanezca en terreno de dominio público marítimo terrestre", ya que está establecido que tan solo podrán continuar en el dominio público "aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otro emplazamiento".

Al igual que en el anterior argumento, en esta cuestión "también da la razón la Abogacía del Estado", ha puntualizado la teniente de alcalde.

Sobre el futuro jurídico de este caso la teniente de alcalde ha preferido no hacer consideraciones. "Sólo hacemos declaraciones cuando tenemos papeles", ha concluido.

LA APDR CREE QUE "NO DEBERÍA ESTAR EN LA RÍA DESDE YA"
Por su parte, el presidente de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR), Antón Masa, considera que en la práctica este paso del Estado puede suponer que Ence "podría estar como mucho hasta 2033", al cumplirse el límite de 75 años desde 1958. "Seguiremos luchando para que no se cumpla ni siquiera ese plazo", apostilla.

Subraya que "en Ence, igual que en Elnosa, hay causas de caducidad de la concesión y no debería estar en la ría desde ya". "Que se cumpla la lesgislación y se vaya de la ría igual que se hizo con Elnosa", dice Masa.

GREENPEACE LO VE "MUY POSITIVO"
Greenpeace ve "muy positiva" la decisión del Gobierno, dado que "cambia de paradigma" y se reconoce que "la extensión de la concesión no es conforme a derecho y que los usos son incompatible con el espacio marítimo-terrestre".

En declaraciones a Europa Press, Pilar Marcos, de Greenpeace, expresa que "ojalá" que esto ayude a la salida de Ence de la ría, porque "la reforma de la ley de Costas de Cañete en 2013 era una amnistía generalizada a muchas actividades que eran incompatibles con el valor natural de la costa, entre otras Ence". Con todo, deja claro que "tendrá que resolver la justicia".

Recrimina "este ruido que hace la empresa otra vez hablando de los puestos cuando sabe que está en territorio público y que está contaminando la ría".

POSICIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Asimismo, el Ministerio de Transición Ecológica remarca que la prórroga de la concesión otorgada en 2016 "incurre en distintos vicios de incorrección legal".

Por ello, el Ministerio indica a Europa Press que actúa "siempre de conformidad con el criterio del servicio jurídico", a lo que agrega que se trata de "un trámite procesal en el desarrollo de unos litigios abiertos cuya decisión corresponde a los órganos judiciales". Además, se limita a señalar que "compete a Ence hacer uso de todos los medios legales que estime oportunos en defensa de sus legítimos derechos".