La APDR acusa a Ence de producir energía en su caldera de biomasa quemando toneladas de aceite usado "contaminante"

La empresa pastera ha negado "rotundamente" las "mentiras" del colectivo ecologista, al que advierte que emprenderá medidas legales en su defensa

La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra ha asegurado que Ence produce energía eléctrica en su caldera de biomasa quemando anualmente, y desde hace cinco años, unas 18.000 toneladas de aceite usado sin tratar. El colectivo ambiental ha advertido que el uso de esta sustancia está "prohibida" en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que le ha concedido la Xunta y por la legislación europea y española, si bien una moratoria hasta febrero de 2020 aún permite su "comercialización", lo que "no implica que se pueda usar", según el presidente de la APDR, Antón Masa.

"Están muy orgullosos de su caldera de biomasa", pero "de energía renovable, nada", ha asegurado Masa, argumentando que, además de corteza de eucalipto, residuos vegetales de origen agrícola o silvícola y lodos secos procedentes de su depuradora de aguas residuales, junto con fuel para el arranque y coque como complemento calorífico, Ence también utiliza aceites usados procedentes de empresas gestoras radicadas en España, Portugal y Mozambique, entre otros países.

En un informe titulado 'Ence, paradigma de malas prácticas empresariales', la APDR sostiene que la factoría de Lourizán se abastece de las españolas Tradebe, Sertego, Gauar, Codisol, Ingaroil, Procesol y Recasa, y de la portuguesa Greenflow. "Están engañando a la población, actuando de forma ilegal y criminal porque con esta práctica están dañando la salud de las personas", ha insistido, además de "afectar al medio ambiente" con las emisiones derivadas de esa combustión.

Así, el colectivo ecologista ha advertido de la "contaminación" tanto de las aguas de la ría de Pontevedra de forma "directa" y a través de las cenizas, como a nivel atmosférico, por gases "tóxicos". Estos afectarían también al sistema respiratorio y al tejido pulmonar de las personas por la presencia de compuestos clorados y metales pesados que pueden llegar a provocar enfermedades cancerígenas, alertan.

Además, el presidente de la APDR ha explicado que esta práctica tendría un "componente económico", porque "ahorra dinero" a la empresa, abaratando el proceso de producción de energía en unos 3,5 millones de euros anuales, que habrían alcanzado los 18 o 20 millones de euros en el último lustro, según Antón Masa. "Esto es un fraude a la sociedad y un fraude económico a las empresas que actúan de forma legal, además de competencia desleal", ha añadido.

MEDIDAS
Por ello, la APDR ha anunciado que trasladará su informe al ayuntamiento de Pontevedra para que, "si está en sus posibilidades", prohíba la entrada de aceites en la fábrica pastera. Masa ha cuestionado si el acceso de este material al recinto se produce "en camiones rotulados o camuflado de otra manera en camiones de transporte de fuel".

También se dirigirá al Parlamento gallego, estatal y europeo para que investigue "si esto es delito" a nivel ambiental y financiero, sin descartar la posibilidad de acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente de Galicia. Asimismo, Antón Masa ha emplazado a los analistas económicos del IBEX a realizar pesquisas.

En este sentido, el presidente de la organización ambiental confía en que esta denuncia influya en el procedimiento abierto ante la Audiencia Nacional para que se declare la ilegalidad de la prórroga de 60 años concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy a la caducidad de la concesión, que venció en 2018. En cuanto a la Xunta, Antón Masa le ha exigido la anulación de la AAI y "deje de ser la defensora de las malas prácticas de Ence en la ría".

Si bien la APDR ha rehusado revelar las "fuentes" por las que ha obtenido los datos que sustancian su informe, Masa ha precisado que "salieron a la luz porque hay empresas que se sienten dañadas económicamente", además de emplazar a los propios gestores de aceites usados que "tienen la obligación" de facilitarlos.

Por otra parte, Masa ha puesto el origen de este informe en el aparatoso incendio que se produjo en las instalaciones de Ence en diciembre de 2018 y que, según el presidente de la APDR, la empresa atribuyó a unos "plásticos", si bien a "una persona relacionada" con el suceso le resultó "extraño" y "dejó caer que podían ser aceites".

Tras recordar que Ence y la antigua Elnosa fueron condenadas en 2002 por delito ecológico, y reprochar que actualmente la fábrica pastera se jacta de ser "una empresa modélica", Antón Masa confía en que "pase lo mismo" que entonces: "Antes decían que cumplían escrupulosamente la legalidad, ahora hacen trampas para hacer creer que cumplen", ha recriminado el presidente de la APDR.

"Lo único verde que tiene Ence es la corbata de sus directivos", ha criticado Masa, sobre el "buenismo" de la factoría de Lourizán que, para este colectivo ambiental, "queda en evidencia".

RÉPLICA
Precisamente, la empresa Ence ha negado "rotundamente" las acusaciones de la APDR, a la que ha advertido que "emprenderá las medidas legales oportunas en su defensa" ante las "torticeras e injustas mentiras" de la organización ecologista. En un comunicado, la factoría ha rechazado que esté incumpliendo "en forma alguna" la AAI y que utilice "ningún otro producto incompatible" con la misma.

Así, ha asegurado que "el comportamiento ambiental de la planta cumple plenamente con toda la normativa ambiental" no solo a nivel autonómico, sino también estatal y europea. Por tanto, desde la "biofábrica" han acusado a la APDR de verter "falsas acusaciones" con la "evidente intención de generar alarma social y dañar la reputación" de la empresa, que "cumple holgadamente con toda la regulación vigente", ha añadido.

Desde Ence han reprochado al colectivo ambiental que esta denuncia "se suma a otros ataques" con el "afán de perjudicar a esta planta y a los más de 5.000 puestos de trabajo vinculados a la misma" recurriendo "al miedo y al engaño".

Por el contrario, la factoría ha explicado que "exige a todos sus proveedores" un certificado que avale el cumplimiento de la normativa en materia de combustible de aceite procesado, además de monitorizar "todos sus focos de emisión" y controlar la calidad del aire tanto con una cabina de la Xunta como con otras dos cabinas propias.