200 manifestantes piden el archivo de la causa por la protesta de Alcoa en Madrid

Unas 200 personas se han concentrado ante el edificio de los juzgados de A Coruña, en la calle Monforte, en apoyo a los sindicalistas investigados por la protesta de Alcoa en Madrid, ante el Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo, y para pedir el archivo de la causa contra ellos.

Manifestantes

En la concentración, convocada por CC.OO. coincidiendo con la declaración del presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, los asistentes han portado una pancarta con el lema 'Defender los derechos de la clase trabajadora no es un delito'.

En declaraciones a los periodistas, el secretario xeral de la Federación de Industria de CC.OO en Galicia, Víctor Ledo --uno de los cuatro sindicalistas investigados-- ha calificado de "incomprensible" que se abra una causa de este tipo después de manifestaciones "pacíficas" durante "10 meses" de los trabajadores de Alcoa de A Coruña y Avilés para evitar el cierre de su factorías.

Manifestación frente a los juzgados de A Coruña en solidaridad con trabajadores de Alcoa y los sindicalistas de @CCOO citados a declarar en un juzgado por manifestarse pacíficamente #HuelgaNoEsDelito

Vídeo declaraciones Víctor Ledo. Federación de @Industria_CCOO de @CCOOGalicia pic.twitter.com/xGUfpdWQH0

— 𝗖𝗢𝗠𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗢𝗕𝗥𝗘𝗥𝗔𝗦 (@CCOO) September 24, 2019

"Nosotros no hicimos nada, estábamos en representación de los trabajadores y en ningún momento hubo ningún tipo de violencia", ha expuesto sobre lo sucedido ese día y explicando los argumentos que expondrán en sus declaraiones, en su caso el próximo día 8 en Ferrol.

ACTUACIÓN POLICIAL "DESMEDIDA"

Sobre la protesta ante el Congreso de los Diputados, ha dicho que no comprenden "por qué la Policía actuó de manera totalmente desmedida" cuando, según ha insistido, "no hubo violencia por parte de los trabajadores". 

Por ello, ha recalcado que solicitarán el archivo de la causa, una petición a la que también se ha sumado Agustín Martín, secretario general de la Federación de Industria de CC.OO. a nivel estatal.

Del atestado policial que se realizó ese día, ha asegurado que trata de "criminalizar" la protesta para "convertir en un altercado público una movilizacion en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras".

De ese día, ha afirmado también que lo único que hubo fue "un despliegue policial inoperativo" en contraposición a una "manifestación pacífica".

Frente a lo que ha calificado como "un ataque a los derechos de los trabajadores", ha manifestado que desde CC.OO. seguirán movilizándose "en defensa del empleo" y en respuesta a la "alarma industrial" que, a su juicio, se vive ante las amenazas de cierre de empresas tanto a nivel estatal como en Galicia.

El dirigente sindical ha insistido, por todo ello, en que desde CC.OO. continuarán con las movilizaciones, aunque "se trate de conculcar los derechos de movilización en el marco de una 'ley mordaza'", ha añadido.

En los mismos términos, se ha pronunciado el secretario xeral de CC.OO. en Galicia, Ramón Sarmiento, quien se ha remitido a las grabaciones existentes por parte de medios de comunicación para insistir en que el día de la protesta ante el Congreso "no ocurrió nada que no se pueda enmarcar en un conflicto laboral".

"Somos trabajadores, no queremos mártires del conflicto", ha dicho en alusión a estos cuatro sindicalistas investigados, pero también "a los 300 procesados, muchos imputados", ha recordado sobre otros representantes sindicales.

APOYO POLÍTICO

La protesta ha contado con el apoyo de representantes políticos, entre ellos el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral, y los parlamentarios Yolanda Díaz y Antón Gómez-Reino, de Galicia En Común, a los que, inicialmente, también se hizo extensiva esta causa por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid.

Del procedimiento, Rafa Mayoral ha asegurado que "no tiene ni pies ni cabeza" y lo ha enmarcado "en una estrategia inaceptable en un sistema democrático". "Nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de la clase trabajadora, le pese a quien le pese", ha expuesto.

Yolanda Díaz, que ha aprovechado el acto para solidizarse con los trabajadores de Alcoa San Cibrao "que se pueden ir a la calle" y los de otros de empresas como Poligal e Isowat en similar situación, ha cuestionado que el artículo 315.3 del Código Penal --que incluye la posibilidad de penas de prisión para quienes "coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga"-- "siga vigente".

"Esto es una auténtica represión, exigimos la derogación de este precepto", ha dicho vinculando la situación de investigados de los sindicalistas con la existencia de este artículo.

Por su parte, Gómez-Reino ha defendido que los trabajadores han sido "un auténtico ejemplo de solidaridad" y ha insistido en que se movilizaron "pacíficamente en defensa de los derechos de todos y todas". Sobre la protesta de Alcoa ante el Congreso el pasado mes de marzo, ha argumentado también que se vivió "una situación anómala a nivel democrático".