La Xunta mantiene la puerta abierta para que los vigilantes de seguridad de centros de menores sean de firmas "low cost" como Alcor

Alguien miente sobre el concurso de seguridad para centros de menores y otras sedes de Política Social. El principal sindicato del sector denuncia que la Xunta incumple la Ley de Contratos, porque dá más importancia al precio de lo que permite la legislación. Consultado por Galiciapress, el Gobierno rebate a FTSP-USO.

Protesta sindical contra la "empresa pirata" Alcor en el Parlamento de Asturias, que le retiró las concesiones en centros de menores / EP

La central alertó del "exceso de puntuación al precio más bajo, que se sitúa en 90 puntos sobre 100 mientras la Ley solo permite la asignación de 49 puntos sobre 100 para así primar la calidad del servicio presta do sobre la valoración económica".

RESPUESTA DE LA XUNTA

La Xunta responde argumentando que el criterio del precio está vinculado al de la calidad. "Varias resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales amparan las licitaciones llevadas a cabo por la Consellería ya que el criterio del precio redunda en una mejor calidad del servicio", razonan desde San Caetano.

Según esta interpretación de la Xunta, la puntuación del precio sí tiene que ver con la calidad del servicio, por lo que sí cumple con la la Ley de Contratos del Sector Público, según la cuál el 51% de los criterios de adjudicación deben estar relacionados con la calidad.

La calidad del servicio de seguridad es una cuestión especialmente importante en este concurso, pues hablamos de menores, a veces, con problemas. La adjudicación determinará qué vigilantes de seguridad controlarán entre otros los l Centro de Menores Avelino Montero (Pontevedra), Centro Residencial Juvenil LUGO I ( Lugo), Residencia Juvenil Altamar (Vigo), Centro de Menores FERROL I (Ferrol). En juego está una licitación de unos 4 millones de euros.

Hace años que FTP USO está denunciando que varias administraciones siguen sacando concursos que premian a las empresas qué más ahorran en costes, en detrimento de la calidad. Empresas que a menudo, aprovechando al reforma laboral del PP, se descolgaron del convenio sectorial para aplicar uno propio más duro, arrancando el beneplácito de sus trabajadores.

En particular, esta central y otras tienen en el punto de mira a la gallega Alcor Seguridad "empresa investigada por presuntos delitos de fraude fiscal, contra los trabajadores etc., causas diligenciadas por el Juzgado número 2 de Monforte de Lemos ".

Alcor seguridad  es la "actual adjudicataria" del servicio de seguridad que salen de nuevo a concurso. La central aspira a que la Política Social modifique las cláusulas del servicio, dándole más transparencia, para evitar que los centros de menores estén vigilados por firmas que este y otros sindicatos consideran "low cost" o "empresas pirata".  Algo que ya logró en otros casos, por ejemplo, en el Parlamento de Galicia o en los centros menores de Asturias. Sin embargo, por la respuesta de la Consellería a Galiciapress, parece que la Administración no está por la labor.