Esta es la propuesta del Gobierno para salvar Alcoa San Cibrao, condicionada a que haya Presupuestos

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Si la coalición de PSOE y Podemos no logra aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, el Estatuto presentado hoy quedará en papel mojado, condenando a la planta de San Cibrao y a otras electrointesivas


El Real Decreto Estatuto del Consumidor Electrointensivo, cuyo borrador iniciará este martes su periodo de consulta con el objetivo de que vea la luz en el mes de marzo, después de casi un año de espera por el sector, garantizará a la gran industria una nueva partida de 90 millones de euros para compensar los cargos en su factura eléctrica destinados a financiar las renovables, cogeneración de alta eficiencia y extracoste de territorios no peninsulares.


Protesta de Alcoa en Lugo

Asimismo, incorpora la creación de un mecanismo de cobertura para el impulso de los contratos compraventa de energía a largo plazo ('PPA', por sus siglas en inglés), con el objetivo de abaratar los costes energéticos de los grandes consumidores.

Esta partida de 90 millones de euros complementará la compensación por las emisiones de CO2, que asciende actualmente a unos 172 millones de euros en 2019 tras haberse ampliado en el último ejercicio, y que se mantendrá dentro de las medidas del nuevo estatuto.

En concreto, esta nueva compensación para los consumidores electrointensivos será por hasta el 85% del sobrecoste por la retribución a las renovables (primas), que correrá con cargo a los presupuestos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El borrador, que establece las bases para su concesión, fija un mecanismo transitorio para calcular el importe de cargos que está pagando de forma efectiva cada consumidor y así poder compensárselos, en tanto se fijan los cargos de la factura eléctrica.

CONDICIONADO A LA APROBACIÓN DE LOS PGE Y "LA ÚNICA POSIBLE".
En un encuentro con la prensa, fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico indicaron que la dotación total que se garantiza a la gran industria, que está, eso sí, condicionada a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), será "superior" a la que había hasta ahora.

Los presupuestos actuales reconocen esa partida de 172 millones de euros en compensación por las emisiones de CO2, una cifra que incluso podría ser superior también solo en este apartado debido al incremento a futuro en el precio del CO2.

Eso sí, las fuentes gubernamentales advirtieron de que esta propuesta de estatuto, que así superaría las posibles trabas por parte de Bruselas, es "la mejor" y "única posible". "Llevamos más de año y medio trabajando, y tras una larga negociación, especialmente a nivel comunitario, el resultado final es el único posible. Lo que nos permite llevar al máximo el marco comunitario es lo que está aquí", señalaron.

AGILIZAR EL MERCADO DE 'PPA'S'.
Por su parte, el mecanismo de cobertura para facilitar que la gran industria cierre 'PPAs' a largo plazo de renovables será realizado a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), organismo del Estado que cubrirá el riesgo de la operación a través de garantías.

Las fuentes del Ejecutivo consideraron que con esta medida se busca "agilizar" un mercado como el de los 'PPA's' con la gran industria, que no se está moviendo "como sería deseable en un país como España".

Con esta batería de medidas que contempla el nuevo estatuto, que se mantenía aparcado desde hace más de un año después de que no recibiera el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se viera amenazado por Bruselas ante la posibilidad de que las partidas fueran consideradas como ayudas de Estado, el Gobierno espera "dejar de poner parches" a corto plazo para el sector y definir un marco "que sea sostenible en el tiempo, con unas medidas rigurosas que abarcan todo lo que nos permite Bruselas".

Asimismo, esperan que, tal y como pide la gran industria, se garantice un marco que permita una evolución de los precios de la energía en convergencia con otros países del entorno, como Francia o Alemania.

A este respecto, estiman que el actual entorno de precios de la energía a la baja con la entrada cada vez más de las renovables, con una cotización a futuro de entre 40 y 42 euros por MWh para este ejercicio -el segundo dato más bajo desde 2010-, también ayudará a estrechar ese diferencial de precios con estos países competidores.

FIN A LA INTERRUMPIBILIDAD COMO COMPENSACIÓN
Con lo que sí que se pondrá prácticamente fin será con el sistema de interrumpibilidad, al menos tal y como estaba concebido en el pasado, como un mecanismo al que acudían los grandes consumidores como compensación.

Fuentes del Ejecutivo precisaron que ahora habrá que ver cúal es su diseño a corto plazo y cómo se hacen "más ágiles", pero ya no serán compensaciones para los electrointensivos, sino un mecanismo de gestión de la demanda, siendo así "acorde con lo que establece la Comisión Europea". "Dependerá de la cantidad que se subaste y del proceso competitivo", añadieron.

Este Real Decreto, que abre ahora su periodo de consultas públicas y posteriormente pasará por el Consejo de Estado en trámite de urgencia para ser llevado, previsiblemente, al Consejo de Ministros en torno a un plazo de mes, se dirige a unas 600 empresas que cumplen con los requisitos para ello (consumo eléctrico mínimo anual de 1 GWh al año, intensidad energética mayor de 1,5 kWh/euro, al menos el 50% del consumo en hora valle y pertenecer a sectores industriales beneficiarios de ayudas en materia de energía y clima), cuyo consumo eléctrico representa al 17% de la demanda nacional.

OBLIGACIONES
No obstante, para poder beneficiarse de estas ayudas, las empresas también deberán cumplir con una serie de obligaciones, entre las que figura tener que contratar a plazo (al menos 5 años) un 10% de su consumo anual una vez el fondo haya sido puesto en marcha.

Además, deberán implantar un sistema de gestión de la energía auditado y certificado, y aquellas empresas que ya están obligadas por la normativa vigente a implementarlo tendrán que acometer obligatoriamente cada cuatro años aquellas actuaciones de eficiencia energética que, de acuerdo con las auditorías obligatorias, fueran recuperables en tres años o menos.

Asimismo, se mantienen las obligaciones sobre mantenimiento del empleo y de su actividad productiva para las empresas que se beneficien de las ayudas ya establecidas en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de diciembre de 2018.

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