La concesión de la AP-9 se prorrógo dos veces irregularmente, explica un experto universitario

Señala que si se prorroga la concesión "no hay mercado y no hay competencia" entre las empresas

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Prorrogar a Audasa la gestión de la autopista del Atlántico, en vez de sacarla a concurso, violó las leyes tanto de Europa como de España, defiende Julio Costa 

El catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, Julio Costa, ha apuntado este martes que la concesión de la AP-9 debió salir a concurso una vez finalizada su vigencia, en lugar de prorrogarse (en dos ocasiones), porque así lo recoge la normativa europea y la legislación española que la traspone.


El presidente de la Comisión Galega da Competencia, Ignacio López-Chaves, junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, en una jornada con empresarios.



En declaraciones a los medios antes de participar en una jornada organizada por la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) sobre la competencia entre las empresas, Julio Costa se ha referido a la demanda presentada ante la Comisión Europea por la asociación EN COLETIVO, que considera que las prórrogas fueron ilegales porque no salieron a concurso.

"Es una iniciativa que, de fructificar, crearía un problema serio para la administración pública", ha señalado, y ha añadido que "las normas deben respetarse". A su juicio, al término del plazo de la concesión que tenía Audasa, ésta "debió salir a concurso" porque "lo dice el derecho comunitario y la normativa española que traspone ese derecho".

Este catedrático ha afirmado que, al terminar una concesión, "se abre el mercado y las empresas compiten". Si se prorroga esa concesión, ha explicado, "no hay mercado y no hay competencia".

JUICIO CONTRA AUDASA
Por otra parte, con respecto al juicio que se inicia este martes en un juzgado Mercantil de Pontevedra, por una demanda colectiva interpuesta por la Fiscalía contra Audasa (por el cobro "abusivo" de peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande), este experto se ha limitado a expresar su deseo de que la sentencia "sea favorable a los intereses de los usuarios".

Asimismo, con respecto a la personación en la causa solicitada por la Abogacía del Estado, el catedrático ha apuntado que la Fiscalía "actúa en defensa del interés general" y que la solicitud de la Abogacía del Estado puede deberse a la previsión de "una posible responsabilidad patrimonial que se pueda derivar de una sentencia contraria a la concesionaria".

Finalmente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, también ha trasladado su esperanza de que "Audasa deje de cobrar el incremento del 2% --en los peajes-- hasta 2048" porque eso "afecta gravemente a la competitividad de las empresas y a los usuarios".

JORNADA SOBRE COMPETENCIA
Cebreiros y Julio Costa han hecho estas manifestaciones antes de participar en una jornada sobre la libre competencia, en la que también ha estado presente el presidente de la Comisión Galega de Competencia, Ignacio López-Chaves.

López-Chaves ha recordado que este organismo tiene una "doble función", por un lado, la de la defensa de la libre competencia, y por otro, una labor de promoción y divulgación entre las empresas.

Según ha señalado, entre las denuncias más habituales que llegan en estos momentos a la Comisión, además de las que alertan de posibles abusos de posición de dominio, están aquellas referidas a acuerdos colusorios (pactos empresas empresas para repartirse un mercado) en materia de contratación.

Así, esas posibles infracciones llegan a este organismo a través de las mesas de contratación o del propio Tribunal Administrativo da Contratación de Galicia (TACGal), para que la Comisión inicie los expedientes y, en su caso, sancione a las empresas.

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