#Claves de la semana

FTSP-USO denuncia un nuevo caso de "intrusismo laboral" en el personal de seguridad del Concello de Ourense

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha denunciado al Ayuntamiento de Ourense y la empresa encargada del servicio de vigilancia del edificio consistorial por la prestación de este servicio con "personal no habilitado" para ello.

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Esta es la segunda denuncia que hace el sindicato al gobierno auriense por un presunto caso de "intrusismo laboral" dentro del sector de la seguridad.


Desde el organismo sindical señala que la empresa contratada para realizar ese servicio "carece" de autorización del Ministerio del Interior para desarrollar esas labores. Del mismo modo, denuncian que el personal que realiza ese trabajo es "personal no habilitado".


PARA MAURO OURENSE Jácome

Es la segunda denuncia del sindicato contra el Gobierno de Ourense


La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha denunciado al Ayuntamiento de Ourense y la empresa encargada del servicio de vigilancia del edificio consistorial por la prestación de este servicio con "personal no habilitado" para ello.


Según ha trasladado el sindicato en un comunicado este jueves, la compañía Prinses Security Advice ha sido contratada "directamente" por el Ayuntamiento y realiza funciones de seguridad privada en el edificio del mismo pese a "carecer" de una autorización del Ministerio de Interior para prestar el servicio. Además, ha denunciado que esta actividad se lleva a cabo con personal no habilitado.


Precisamente, este mismo miércoles interpuso otra denuncia similar por la vigilancia contratada por el Ayuntamiento con la misma empresa para las piscinas públicas de Oira.

A este respecto, el sindicato ha precisado que ha cursado las denuncias ante la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, a la que competen las propuestas de las pertinentes sanciones administrativas.


Asimismo, FTSP-USO ha advertido de que "no descarta emprender paralelamente la vía judicial" contra los responsables de la empresa y la Administración local.


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