​Tercera denuncia contra el Concello de Ourense por “intrusismo laboral” en la seguridad privada

Tras varias denuncias, la Federación de trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) insisto en sus reclamaciones contra el gobierno auriense por un presunto caso de "intrusismo laboral" en el personal de la seguridad del consistorio.

Ya en las denuncias anteriores el organismo sindical señala que la empresa contratada para realizar ese servicio "carece" de autorización del Ministerio del Interior para desarrollar esas labores. Del mismo modo, denuncian que el personal que realiza ese trabajo es "personal no habilitado".

En esta tercera ocasión el sindicato dice “no salir de sus asombro” con el Gobierno de Gonzalo Pérez Jácome por la “actitud y desfachatez con la que Concello y empresa se saltan la Ley de Seguridad Privada a la torera creyéndose inmunes a las consecuencias del incumplimiento”, como señala el secretario de organización de la Federación, Iván Blanco.

Además del personal del consello, la denuncia también va dirigida al personal de las piscinas de Oira. Del mismo modo, el personal del “servicio de Vigilancia y Seguridad con vehículo patrulla que se está prestando por la misma empresa a pie de calle los días de mercadillos en la ciudad” se encuentra en unas condiciones similares.

Desde FTSP-USO denuncian que la compañía Prinses Security Advice no está “registrada” ni “autorizada” por el Ministerio de Interior y que opera con “personal no habilitado”.

“Las infracciones en materia de Seguridad Privada están contempladas en la Ley 5/2014 como leves, graves y muy graves, estas últimas entienden desde el sindicato que presuntamente incurrirían el Concello de Ourense, la empresa contratada e incluso el personal que presta los servicios en el caso de ser consciente de los incumplimientos de la citada Ley”, advierte el sindicato, a la vez que subraya que las sanciones podrían elevarse hasta los 600.000 euros para la empresa y hasta 30.000 para el personal contratado.

Un personal que, como comenta Blanco, muchas veces viven ajenos a estas irregularidades. “En estos casos de intrusismo los trabajadores no suelen ser conscientes de la situación irregular en la que prestan servicio, por lo que rara vez son sancionado”, lamenta.

“El caso de intrusismo de Printes y el Concello de Ourense es uno de los más flagrantes que hemos visto en los últimos años, por lo que esperamos que sean propuestos para sanción por parte de la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía. De lo contrario llegará a los Tribunales, no todo vale, y el sector no puede permitirse tal precedente”, concluyen.