Nueva ofensiva de las derechas

Manoel Barbeitos
Economista

Continúa la ofensiva de la derecha judicial contra el Gobierno español de progreso (PSOE/UP). Una ofensiva que cuenta con el apoyo tanto de la mayoría de los medios escritos en papel como de sujetos relevantes de los aparatos represivos, tal y como podemos deducir de las revelaciones de "garganta profunda y señor de las cloacas", el  excomisario  J. M. Villarejo.


Ofensiva que responde al concepto patrimonialista que del poder tienen las derechas españolas, quienes piensan que aquel les pertenece por derecho divino. Si, por caso, no consiguen tener el poder por las vías democráticas, como son los procesos electorales, intentan apoderarse del mismo por medios antidemocráticos utilizando tanto su influencia en los aparatos del estado (poder judicial, ejercito, policía, jefatura del estado...) como en la amplia tropa de medios de opinión y difusión a su servicio que, como señalaba, son abrumadora mayoría en los medios en papel. Triste espectáculo el que ofrecen estos medios para los que la independencia, la libertad de opinión y el rigor informativo no cuentan pero que parecen tener muy claro aquello de que "Roma no paga traidores".


Por caso, basta comprobar el trato informativo que reciben los incontables y continuos casos de corrupción del Partido Popular con el que se le presta a Unidas Podemos (muy especialmente a su portavoz Pablo Iglesias). Mientras a los primeros apenas se le concede espacio y se les trata con delicadeza y/o compasión (algo muy cristiano) para los segundos son continuas y reiterativas las portadas acusadoras que además aparecen llenas de una enorme agresividad. No son tampoco casuales las coincidencias en el tiempo como ahora estamos viendo cuando después de que saliese a la luz el penúltimo caso de corrupción del Partido Popular (Kitchen), y conocíamos la fuga del rey emérito y/o los desastres humanitarios y de salud provocados por la incompetente gestión de Ayuso y su equipo (PP) en la Comunidad de Madrid, esos medios judiciales se inventan un supuesto delito de robo de secretos, daños informáticos y denuncias falsas por parte de Pablo Iglesias. Todo esto sucede a pesar de que mientras prácticamente todos los casos de corrupción en el Partido Popular (PP) finalizan en sentencias judiciales condenatorias no solo para sus dirigentes sino para el propio partido (PP), cuando se trata de Unidas Podemos (UP) todos, todos los casos fueron sobreseídos por falta de pruebas a pesar de contar con la manía declarada de no pocos magistrados.


Entrando en la conducta de algunos jueces en ello estaría mal que se acudiese a las hemerotecas y se comprobase, por caso, el expediente judicial de algunos de los que presentan las querellas contra Unidas Podemos. Hay que, por caso, recordar la trayectoria y el historial judicial del magistrado M. G. Castellón (Caso  Púnica, Caso  Lezo, El Canal, ...) quien ahora presenta la solicitud de imputación a Iglesias por un delito de ¿falso testimonio? Resulta oportuno subrayar que esta actuación del magistrado, en la que Iglesias aparece como acusado, viene a continuación de que la Audiencia Nacional le reclamase para él mismo la devolución de su condición de perjudicado. Increíble: ¡de perjudicado a la acusado!


Mal harían los partidos de las izquierdas (PSOE, BNG, ERC...) si pensasen que está ofensiva contra UP les favorece: ¡no pueden ser tan tontos! Mal harían porque realmente de lo que se trata es de una noticia ofensiva de las derechas contra políticas progresistas como las que está poniendo en marcha el actual gobierno español gracias al apoyo de las fuerzas más democráticas del estado. Pensemos, por caso, que la actual ofensiva tiene lugar en las vísperas de que este gobierno presente sus presupuestos que pueden ser los más progresistas y solidarios de la democracia. Coincidencia que no resulta casual ni mucho menos. Se trata de impedir que tales políticas se pongan en marcha para que se mantengan en el tiempo las enormes desigualdades sociales y los no menos relevantes desequilibrios territoriales que caracterizan al actual estado español.

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