​“DomusVi miente”: en plena segunda oleada del coronavirus la compañía no cubre las vacantes, denuncia una plataforma

La Asociación de Traballador@s de Residencias de Galicia (TReGa) y la plataforma REDE denuncian las irregularidades que DomusVi, una de las compañías con más presencia en el sector de las residencias de ancianos en Galicia.

Los afectados critican los comunicados de la empresa, donde se vanaglorian de la buena salud de sus centros en materia laboral y de asistencia a los mayores. No obstante, las plantillas de las residencias replican la versión oficial de la empresa: plantillas cortas, ancianos mal atendidos y sobremedicados, alimento tachado de "bazofia"...

Protesta del personal de DomusVi en una residencia de Pereiro de Aguiar

El personal critica que pese a que desde la dirección de DomusVi se defiende la puesta en marcha de “un plan de acción” para “tramitar con agilidad la cobertura de las vacantes temporales y definitivas que se produjeron, sin que se viera afectada la calidad del servicio”, desde dentro los empleados dibujan una realidad muy distinta.

“No es cierto que se cubran vacantes temporales o definitivas porque DomusVi nunca lo ha hecho, ni antes, ni ahora. Es práctica habitual de todos los centros no cubrir parte de las vacaciones ni bajas médicas del personal de enfermería, auxiliar de enfermería/gerocultoras y limpieza”, reprochan. Del mismo modo, señalan que el equipo de fisios, trabajadores sociales o terapeutas ocupacionales “directamente no se cubre nunca”. “Como mucho el médico de un centro acude a otro centro para pasar consulta”, esgrimen.

“Y ya no hablamos de los permisos retribuidos recogidos en el convenio colectivo como hospitalización o fallecimiento de familiares, días de libre disposición, horas sindicales… Tampoco se cubren todas las reducciones de jornada por cuidado de hijo o familiar dependiente, dejando los turnos con menos presencias, ya de por sí exiguas”, inciden los afectados.

Por otro lado, en cuanto a los ratios de personal, los cuales DomusVi sostiene que ha hecho “lo necesario” para cumplirlos, desde la plataforma argumentan en primer lugar que se cubren “con todo el personal sanitario contratado”, que se trata de ratios obsoletos y que está “actualmente fuera de la realidad, y son inasumibles desde un punto de vista del servicio de calidad”.

“De ahí la necesidad imperiosa de las tramitaciones de leyes de residencias que acaben con la lacra normativa que suponen unas ratios de personal deficientes, y que derivan en una situación cuasi esclavista para las trabajadoras y en la generación de un servicio hacia el mayor pobre, inhumano e incluso peligroso para su vida y su salud”, denuncian. De esta forma, con la normativa actual, puede darse el caso de que una residencia cuente con siete personas en su plantilla de profesionales de enfermería “pero que solamente haya una efectiva para atender a 150 usuarios, como pasa en todos los turnos de noche y en muchos de día”. Con todo, y pese a las inspecciones y sanciones realizadas, desde la asociación hacen hincapié en los nulos cambios aplicados y en la opacidad de los servicios de inspección.

“Tenemos un tiempo muy limitado para hacer mil y una actividades asociadas a los cuidados de los mayores, desde levantar a los residentes, hasta asearlos o ducharlos, cambiar pañales, vestirlos, peinarlos, colocarlos en las sillas de ruedas, dar desayunos, comidas, meriendas y cenas, acostarlos, cambios posturales, cubrir libros de incidencias, atender urgencias, administración de medicación oral”, relatan.

PRISAS Y SOBREMEDICACIÓN

En lo relacionado con el tratamiento asistencial, los afectados esgrimen que la falta de personal está afectando de manera decisiva a la calidad del servicio y, por lo tanto, repercutiendo de manera muy negativa sobre los usuarios. Así, y aunque el centro cuente “con todas las certificaciones de calidad del mundo, debidamente enmarcadas, colgadas en las recepciones de los centros para que las vean los familiares y visitantes”, la realidad es que los centros viven asfixiados por una carga de trabajo inasumible para un personal escaso que tiene que atender a decenas de residentes según unas pautas horarias que no siempre se pueden cumplir.

“Por esa carencia de personal, se empieza a levantar inopinadamente a los residentes a las 6 de la mañana para acelerar el proceso de aseo; en muchos centros las usuarias desayunan a las 11:00 horas, comen a las 13:30 h, y comienzan a acostarse a las 18:30, por lo que, entre otras cosas, se produce, en 9-10 horas, una concentración de ingestión de fármacos totalmente contraria al sentido común y a las buenas prácticas clínicas o sanitarias”, ejemplifican.

Esta falta de personal también afecta a los trabajadores y trabajadoras encargadas de la limpieza del centro, repercutiendo de esta forma en el nivel de higiene de las habitaciones. Tanto en el apartado de la higiene como en el de la sobremedicación coinciden con las denuncias que muchos familiares llevan presentando ante DomusVi durante años, muy relacionadas por las plantillas cortas de los geriátricos.

HAMBRE Y MALNUTRICIÓN

En ese sentido, otra denuncia común es la relativa a los alimentos que se sirven a los usuarios, un servicio delegado en una empresa de catering  y que algunos residentes tachan de “bazofia”, además de admitir que con ese servicio “pasan hambre”. “Evidentemente, la empresa de catering no es una ONG, sino que intenta sacar el máximo beneficio posible por el servicio prestado redundando en la calidad de la alimentación, con productos casi exclusivamente congelados, de baja calidad nutricional y proteica, raciones exiguas y controles de calidad del producto laxos o simplemente inexistentes”, señalan.

Con todo, esos menús están “firmados por el médico del centro”, tal y como exige la legislación, pese a que el resultado de esta alimentación se refleje en una “disminución de peso y masa muscular” entre los residentes, llegando al extremo en algunos casos de ser diagnosticados con “malnutriciones o de deshidrataciones severas” por médicos de Atención Primaria.

“Los beneficios no pueden buscarse solo a costa de explotar a las trabajadoras, exprimiendo económicamente a personas dependientes y a sus familias, e incumpliendo sistemáticamente normativas reguladoras tanto en materia laboral como de servicios sociales, situaciones que se sitúan en el terreno de la indecencia y de la ilegalidad”, concluyen desde la plataforma.