La pandemia de la Covid-19 y el estado de las autonomías

Manoel Barbeitos
Economista

Empezaba el último artículo señalando que "una de las enseñanzas más relevantes entre las que se pueden sacar del impacto provocado por la  COVID-19 es la de los enormes costes económicos y sociales que ocasiona el abandono del público y el consiguiente deterioro del estado de bienestar". Ahora quiero añadir que el tercer repunte de la pandemia pone también en el foco al estado de las autonomías evidenciando su deficitario desenrollo y articulación, pues está muy lejos de lo que sería un estado federal, lo que está creando problemas y tensiones a la hora de atacar la pandemia.


Para mejor entender esos problemas considero necesario hacer algunas importantes explicaciones sobre la realidad hoy del Sistema Nacional de la Salud (SNS). En primer lugar, está la evidencia de que la mayoría de las comunidades autónomas tienen competencias prácticamente plenas sobre la atención sanitaria pública en su territorio (Art. 148.21,  C.Y.) lo que no impide que el estado de la situación sanitaria  sea diferente en cada CCAA según quién gobierne, por caso las derechas o las izquierdas. Si bien en la mayoría de las comunidades autónomas se aplicaron fuertes ajustes fiscales que afectaron tanto al personal como a los recursos materiales, el peso de lo público y de lo privado es diferente, algo fundamental en casos de pandemia: el privado demostró bastante su incompetencia en esta batalla. El otro aspecto a destacar es que, a pesar de esta descentralización, el gobierno del estado es quien tiene la responsabilidad directa en temas relevantes que afectan la atención sanitaria general como puede ser, por caso, la declaración del estado de alarma (Art. 116,  C.Y.). Un SNS así estructurado requiere en casos como el de la pandemia de la COVID-19 de una correcta coordinación entre los diferentes niveles administrativos y políticos.


El  SNS tuvo que enfrentarse por primera vez en su historia a una situación sanitaria excepcional: una pandemia sobre la que, a pesar de las constantes advertencias y recomendaciones de la comunidad científica, en los diferentes niveles de gobierno había bastantes incertidumbres tanto sobre su origen (¿qué animal?), como de su impacto (¿qué nivel de contagio?) y, por tanto, sobre cómo combatirla más eficazmente. Pronto pudimos comprobar que ni el Gobierno español de turno ni las Comunidades Autónomas estaban debidamente preparados para hacer frente y con garantías a la pandemia de la COVID-19. He ahí que los desajustes, las improvisaciones y las limitaciones fuesen comprensibles aunque no todas las actuaciones son justificables. Por caso, trasladar la batalla política partidaria a la lucha contra la pandemia, algo en el que las derechas españolas tienen la máxima responsabilidad como pone en evidencia el comportamiento del principal partido de la oposición (PP) de ninguna forma equiparable al de la mayoría de los partidos europeos que también están en la oposición pero que dejaron la pandemia fuera de la lucha partidaria ofreciendo al gobierno de turno su total colaboración y solidaridad en esta batalla. Una estrategia de confrontación que resta eficacia a la lucha contra la pandemia dado que el Partido Popular (PP) gobierna en importantes comunidades autónomas como, por caso, en Madrid y Galicia.


Un SNS como el español exige por parte de los responsables políticos autonómicos tanto un criterio claro de las prioridades en su comunidad (la defensa de la salud y la vida de sus ciudadanos) como un sincero sentido de la solidaridad (de esta pandemia solo se puede salir unidos) y una visión política de estado (imprescindible para, por caso, el suministro y distribución equilibradas del material sanitario necesario para combatir la pandemia) que deben estar por encima de las visiones partidistas. En tanto a los responsables políticos del gobierno central requiere, por caso, respetar los marcos competenciales, no decidir ni ejecutar medidas unilaterales de contención del virus (en el modelo alemán el gobierno central recomienda y coordina pero cada land decide cuándo y cómo ejecuta las medidas), ni pensar que los presidentes autonómicos son delegados del gobierno.


Las evidencias nos dicen que en esta pluralidad política en la toma de decisiones, en este reparto de funciones y competencias entre el estado y las autonomías  fueron, y siguen siendo, demasiado numerosas las situaciones en que fallaron algunos o todos de los requisitos anteriores, con casos auténticamente paradigmáticos como el ya citado de la Comunidad de Madrid. No obstante, resulta curioso y significativo constatar cómo en esta coyuntura en la que el estado de las autonomías está siendo sometido a un examen muy duro la mayoría de los partidos soberanistas periféricos tuvieron, y siguen teniendo, un comportamiento más solidario y con mayor visión del estado que los partidos de las derechas (PP, Cs y Vox).


Por todas estas razones no debería extrañar que muchos pensemos que luego de la pandemia sería oportuno que los partidos políticos tomasen en consideración la necesidad de avanzar más en la concreción institucional y política de la descentralización en la toma de decisiones en un estado de las autonomías. Una urgencia que esta pandemia puso arriba de la mesa.

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