Las vacunas: ¿Salud o negocio?

Manoel Barbeitos
Economista

El barullo político y mediático de los últimas días (la crisis de Ciudadanos, la convocatoria de elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, la candidatura de Iglesias y la consiguiente dimisión de su cargo de vicepresidente...) hizo que pasase prácticamente desapercibida una noticia muy relevante para la ciudadanía. Me estoy refiriendo la decisión del gobierno español de suspender temporalmente la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Una decisión que se viene de sumar a la adoptada en la misma línea por los mayores estados de la Unión Europea (Francia, Alamana, Italia, Holanda, Austria, Dinamarca...). Decisiones que pueden poner en riesgo la vida y la salud de miles de ciudadanos europeos, pues van a ocasionar retrasos en la vacunación.



Retrasos en un programa europeo de vacunación que ya va muy, muy lento y a un ritmo muy desigual, por lo que parece será difícil alcanzar en este año el objetivo de la "inmunidad global". Cuando redacto estas líneas el porcentaje de personas que en la Unión Europea han recibido alguna dosis de las vacunas es del 13,6%, cifra que por caso está bastante por debajo de la de los Estados Unidos que es del 21,3%. Cabe destacar que en el interior de la UE el ritmo de vacunación está siendo muy desigual y lo mismo sucede en España, con diferencias relevantes entre las distintas comunidades autónomas (mientras en Castilla León el 10,8% de los ciudadanos ya recibieron la primera dosis, en Galicia el 9,7% y en Valencia el 7%)


Cabe entonces preguntarse por qué la gestión de la vacunación no marcha como debería. Pregunta mas pertinente cuando sabemos que hay las vacunas idóneas y en cantidad suficiente para vacunar a un ritmo alto y con éxito a toda la población. La respuesta está muy clara: las patentes están obstaculizando el ritmo y la intensidad de la vacunación dificultando así alcanzar el objetivo de la inmunidad global lo mas rápido posible.


Pese a los manifiestos que se vienen haciendo desde distintas instancias nacionales e internacionales (gobiernos nacionales, UE, OMS) la realidad muestra que el proceso de vacunación se mueve al ritmo que marcan las industrias farmacéuticas mas potentes, quienes a pesar de los cuantiosos fondos públicos (miles de millones de euros en subvenciones) empleados en la investigación, desarrollo y producción de las distintas vacunas mantienen, además de la propiedad de las patentes, el control oligopolista tanto de la producción como de la venta y distribución. Un control que utilizan para conseguir el objetivo empresarial de la máxima ganancia negociando con los Estados precios el alza para así vender al mejor pujador. Un criterio que choca con el bien común y que explica, por caso, las diferencias en la distribución de las vacunas entre el Norte y el Sur y también entre los estados de la Unión Europea. Una situación que llevará a que millones de personas sigan muriendo, cuando podrían seguir viviendo si fuesen vacunadas, pues claro está que una mayoría de ciudadanos de los países del Sur no recibirán la vacuna en muchos años: "un fracaso moral catastrófico" según el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).


A pesar de eso no deberíamos echarle toda la culpa a las farmacéuticas. Aunque son bien conocidas sus estrategias egoístas y de malas prácticas, su falta de escrúpulos y de sensibilidad, la responsabilidad última hay que buscarla en la actuación de las instituciones públicas. Por caso, en una Unión Europa que, anteponiendo los intereses financieros a los sanitarios y de salud de la población, actuando de un modo oscurantista y mostrando una enorme incompetencia, coloca en las manos de los agentes privados (en este caso las industrias farmacéuticas) la respuesta a la pandemia firmando contratos inverosímiles y muy desequilibrados. Como era lógico esperar, aquellos sitúan en el primer lugar sus intereses comerciales entre los que prima el del máximo beneficio. Un interés, por caso, que la Unión Europea, fiel a su ideario neoliberal, no cuestiona a pesar de los cuantiosos fondos públicos empleados en la investigación y desarollo de las vacunas.


En este contexto las preguntas que deberíamos hacernos todos los ciudadanos son, por caso, ¿hasta cuando el sacrosanto derecho de propiedad (la patente) se mantendrá intacto y a costa de la vida de millones de personas? ¿hasta cuando se seguirán utilizando fondos públicos para la investigación y desarollo de vacunas que luego serán comercializadas y distribuidas por industrias privadas que se manejasen en función del criterio de máxima ganancia? ¿hasta cuando el interés privado primará sobre la salud de las personas? ¿hasta cuando la salud cotizará en bolsa?

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