Las residencias y el derecho a una vejez digna

Estos días pasados asistimos en el Parlamento gallego a un debate, fruto de una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego (BNG), sobre el estado actual de las residencias de mayores en Galicia. Una oportuna y necesaria iniciativa, aunque algo tardía, visto lo sucedido con la pandemia cuando se puso en evidencia que los poder públicos gallegos no son quien de garantizar un derecho constitucional fundamental: el derecho a una vejez digna (Art. 50, C.Y.). A pesar de los intentos de censurar y ocultar los hechos a los gallegos y a las gallegas podemos saber que en Galicia muchas de las residencias de mayores están en un estado lamentable desde el punto de vista de la atención a los usuarios: prácticamente la mitad de los muertos por coronavirus tuvieron lugar en las residencias de mayores. A este dato habría que añadir el alto impacto que la pandemia tuvo entre los trabajadores de los centros.

La realidad de las residencias pone en evidencia dos características. La primera es la preferencia por la iniciativa privada que gestiona el 76,3% de los centros y oferta el 76,8% de las plazas, valores que están por encima de la media española (73,2% en ambos casos). La segunda que el número de plazas es claramente deficitario (3,1% frente a 4,2% de media en España) a pesar de contar con una población en la tercera edad claramente superior (25,5% frente al 19,4%). Un déficit este que es consecuencia de la citada menor presencia pública (23,2% de las plazas, 23,7% de las residencias). Por su parte la pandemia también dejó en evidencia la distinta atención que se le presta a los mayores segun estas residencias sean públicas o privadas: el 99,5% de los fallecimientos en residencias se produjeron en privadas.

Un dato que se explica en gran parte porque en estas residencias privadas son muy comunes unas condiciones laborales deficientes (salarios bajos, contratos precarios, temporalidad, bajas no retribuidas, altísima rotación... ) y un soporte sanitario insuficiente (escasa presencia de personal de enfermería, insuficiente formación, elevado número de personas atendidas por empleado...). Una situación que no debería extrañar ya que, como empresas privadas que son, procuran la máxima ganancia, un objetivo que con frecuencia se ve facilitado por la falta de un seguimiento y una regulación pública que exija un exhaustivo control de calidad. Por caso, resulta escandaloso observar como la Xunta de Galicia hizo dejadez de su función de regulación y supervisión de las residencias de mayores. Una actitud que refleja una muy elevada discriminación en contra de la tercera edad: los actuales gobernantes gallegos no deberñian olvidar que esa edad es para muchos gallegos uno de los períodos con peor calidad de vida, con menor bienestar y difícil. También para sus familias.

Las múltiples experiencias europeas demuestran cómo el abandono del público y la preferencia por el privado trae aparejado, por caso, un deterioro en la atención a las personas mayores. Todos los estudios que se hacen en Europa, como por caso el altamente fiable Global AgeWatch Index que recoge la situación de los mayores en prácticamente todo el continente, ponen en evidencia como el bienestar de los ancianos y ancianas camina parejo al esfuerzo público en su atención. Así los estados europeos "donde los mayores viven mejor" son los escandinavos (Noruega, Suecia, Dinamarca) que coincide con aquellos en los que la presencia del público es mayoritaria. En otro extremo, dato confirmado por el Observatorio de Salud Pública de la Comisión Europea, los estados europeos donde los mayores tienen un "peor final de vida" son aquellos que menor gasto público dedican su atención como, por caso, sucede con España y Galicia.

Un dato final: fue especialmente indignante observar en su día como al tiempo que conocíamos el impacto mortal de la pandemia en las residencias privadas de mayores teníamos que aguantar como las empresas mayoritarias del sector, por caso DomusVi, mostraban orgullosas sus abusivas ganancias anuales.