El Supremo confirma que la anulación del concurso eólico del bipartito fue ilegal

En la larga serie de despropósitos de la eólica de Galicia hay un nuevo fallo judicial que reitero la legalidad del concurso y descalifica la gestión de todo lo ocurrido desde la anulación del concurso impulsado por el bipartito tras la vuelta del PP al timón de la Xunta, en agosto de 2009. Una sentencia con un efecto más simbólico que práctico. La ratificación por parte del Tribunal Supremo de que esa decisión de paralizar el reparto anterior de los 2.300 megavatios (MW) fue ilegal porque se sostiene en una "desviación de poder" por parte de la Consellería de Economía e Industria. Ésa fue la conclusión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hace casi dos años. El Gobierno gallego presentó un recurso de casación, que el Supremo acaba de tumbar.

La Xunta se agarraba a que la resolución del TSXG ante la demanda de Aucosa Eólica -el grupo, entre los que había varios empresarios de la conserva de Galicia, había conseguido 216 MW- no se había pronunciado "sobre la pérdida de objeto" del recurso contencioso-administrativo "de manera suficientemente motivada", en referencia a que cinco meses después de la anulación los populares sacaron una nueva ley para amparar su puja. Y que tampoco se justificó "en absoluto" la desviación de poder.

El Supremo sostiene, en cambio, que la argumentación del fallo sobre la supuesta pérdida de objeto "es algo más" que "la parca referencia" de la que se queja la Xunta. El alto tribunal admite que "la redacción del fundamento transcrito no es de fácil intelección", pero sí hubo respuesta. Sobre la desviación de poder cometida, el Supremo reprocha al Ejecutivo autonómico que su recurso ahí es "defectuoso" y solo por eso podría ser inadmitido. El fallo entra igualmente en el fondo y avala el pronunciamiento del TSXG.

El diputado Antón Sánchez recuerda en el escrito que en la sentencia del TSXG, anulatoria de la decisión del concurso que suspendió la Xunta, se entendió que el Gobierno gallego había incurrido en "desviación de poder", al suspender ilegalmente el concurso. Para el parlamentario, esta decisión judicial "confirma el ilegal y chapucero proceder del que por entonces era conselleiro, Javier Guerra, y de Núñez Feijóo", que, a su entender, "deberá de llevar aparejada la asunción de responsabilidades políticas por parte de este Gobierno que condenó, con sus decisiones, al sector de las renovables a la parálisis y a la destrucción de empleo".